jueves. 28.03.2024

¿Todos contra el fuego?

Gastamos casi la mitad del presupuesto forestal en la prevención y extinción de incendios, proporción que se incrementa en las comarcas donde las masas forestales están dominadas por pinares de repoblación. Aún así estas comarcas concentran la inmensa mayoría de los incendios y, además, en ellas las superficies devastadas son mucho mayores. Los grandes incendios se han convertido así en una especie de rutina macabra bajo la cual las masas forestales producen más cuando arden que cuando se gestionan en verde. La búsqueda del culpable tras estas catástrofes suele desviarnos del ejercicio, más sensato y productivo, de corregir el escenario que le permitió quemar sin esfuerzo miles de hectáreas. Según las filias y las fobias de cada cual, podrán invocarse distintas causas próximas o directas, pero eso no debe cegarnos en la búsqueda de las causas últimas, aquellas cuya revisión nos permitirá afrontar futuros riesgos con más garantías. 

Las estadísticas oficiales de los países mediterráneos nos enseñan que la frecuencia de los grandes incendios corre paralela a la despoblación del mundo rural. También nos dicen que, a partir de una determinada superficie afectada, la expansión de un incendio se vuelve incontrolable con independencia de los medios utilizados. Los grandes incendios los apagan las condiciones meteorológicas salvo que existan barreras naturales o artificiales a su propagación. La práctica cotidiana de la prevención de incendios apuesta exclusivamente por infraestructuras forestales que, como los cortafuegos, pistas o fajas de bosque aclarado, se muestran ineficaces en todos los grandes incendios. Basta recorrer las áreas afectadas en Sierra de Gata en 2015 ó en Las Hurdes en 2003 y 2009 para obtener pruebas palpables de esta realidad. El mismo recorrido permite también constatar la eficacia como barrera de las grandes extensiones de cultivo o zonas pastadas, lo que nos lleva a plantear la necesidad de promover un territorio en mosaico que reduzca automáticamente la continuidad de las grandes masas de material combustible. Es lo que se viene haciendo en Portugal tras la pavorosa oleada de incendios de 2003 o en Andalucía desde que en 2005 se incorporan las áreas de pastoreo controlado a la red de cortafuegos.

Antonio “El Negro” es un pastor malagueño jubilado cuyo hijo regenta ahora una explotación ovina integrada en la lucha contra los incendios. Perciben entre 40 y 90 euros (dependiendo de la accesibilidad) por hectárea que mantienen libre de combustible. Pero lo más importante es que la administración mantiene con un bajo coste a un aliado que suele ser el primero en avisar del inicio del incendio y que conoce y “controla” a los pirómanos potenciales de su entorno. No me cabe duda de que pronto veremos en la etiqueta de los quesos que allí se generan un mensaje al consumidor para que contribuya con la compra a la lucha contra los incendios. Mi intención con este ejemplo no es otra que ilustrar el modo en que la administración evoluciona de la mera ingeniería forestal a la ingeniería social, sumando agentes y herramientas al proceso de prevención.

En la medida en que tienen como causa última el despoblamiento rural por el abandono de las explotaciones agropecuarias, los incendios han de combatirse con un amplio abanico de herramientas, de las cuales las infraestructuras convencionales de carácter “forestal” son una parte necesaria pero insuficiente. El célebre lema “Todos contra el fuego” seguirá siendo una peligrosa simpleza mientras  no se incorporen a la lucha los gestores diarios del territorio, que son básicamente agricultores y ganaderos. Y para ello hemos de dotarnos de instrumentos políticos y legales que, lejos de dificultar su labor, reconozcan los servicios que estos agentes prestan a la sociedad en materia de prevención y fijación de la población rural. 

La Sierra de Gata es el lugar elegido por la administración extremeña para diseñar un nuevo modelo de gestión del territorio que contemple simultáneamente la producción forestal, agrícola y ganadera como partes indisociables del mecanismo de prevención. Este modelo asume la concertación público-privada como base de la gestión del territorio, y para ello existen múltiples instrumentos de financiación que habrán de aprovecharse en los próximos años orientándose en una única dirección: la que devuelve a los ciudadanos el protagonismo de la gestión de su entorno. Para ello, además de una participación activa y responsable de la población, será necesario orientar la labor de los técnicos para que realicen un verdadero servicio de proximidad y empatía con los administrados. Sólo de este modo terminaremos con el actual divorcio entre las personas y los montes.

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