El caso Bárcenas fascina, es un tema que engancha. Cada mañana obliga a uno a estar pendiente de la buena nueva, de la noticia que trae algo novedoso, pero se corre el peligro de caer en la adicción, de convertirse en un Bárcenas por vena que nos lleve a un mundo de alucinaciones, imaginario, de ficción mientras los problemas de la vida real aletean alrededor nuestro, en una cercanía acuciante.
Mientras Bárcenas se atora en nuestras mentes, como un parasito cualquiera, la sanidad continúa su imparable camino hacia la privatización, moviéndose pendularmente entre los que defienden este sistema privativo como el más barato y los que lo creen que se está desmontando el estado de bienestar social, creado desde las viejas reivindicaciones de lucha ciudadana, como lo ha sido la educación o la vivienda protegida.
Al tiempo que unos pretenden la creación de empleo desde el crecimiento económico, otros lo intentan desde el control de la deuda y la disminución del déficit económico, pero ni lo uno se produce ni lo otro se rebaja.
Cada vez que se entabla un debate sobre el desahucio, por el que la clase trabajadora pierde el bien material tangible más querido que posee, se defienden una serie de medidas en uso y cierta cantidad de normas aprobadas para paliar el problema generado, pero lejos de mitigarse el asunto, son más las familias que se quedan en la calle, hipotecadas de por vida.
Siempre que se espolea el caso Bárcenas, o el asunto Nóos, en las portadas de los diarios, busco el interior de la publicación y siempre me encuentro con nuevos proyectos que vienen a sustituir a los que ya existían.
Es como si de pronto nada de lo que se ha hecho hasta ahora sirviera, como si se hubiesen tirado a la basura todos los años de legislación democrática, en un salto acrobático, sin arnés, desde la etapa de la dictadura al presente, pues no se construye sobre la experiencia acumulada sino, hecha tabla rasa, sobre intereses de unos y de otros en los que se atisba más lo particular de unos pocos, que lo general de todos los españoles. Es increíble que un año se hayan redactado y aprobado tantas leyes distintas y variopintas y no quede un ratito de tiempo para modificar la Ley Hipotecaria, que tanto daño irreparable está causando.
Como decía la canción: Alla mattina appena alzata/O bella ciao bella ciao bella ciao, ciao,ciao/Alla mattina appena alzata/In risaia mi tocca andar…
Esta mañana, tras sacudirme a Bárcenas, me he levantado con la noticia de qué el Gobierno de España tiene ultimado el proyecto de Ley de Racionalización y Sosteniblidad de la Administración Local, es decir, una nueva Ley de Bases de Régimen Local para reformar las administraciones locales que modifica la Ley de 1995 Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En mis manos tengo el anteproyecto de Ley y una nota de prensa redactada por los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que cito aunque sé que no es necesario, por la que se nos informa que se clarifican por primera vez las competencias municipales, eliminando duplicidades y competencias impropias. Se establece un sistema transitorio, de cinco años, para el cambio de titularidad de las competencias de sanidad y educación, que serán exclusivas de las Comunidades Autónomas. Se dice que las Mancomunidades y entidades locales menores que no presenten cuentas, en el plazo de tres meses, se disolverán. Se favorece la iniciativa económica al limitar el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica. Se pretende ahorrar 7.129.000.000 €uros entre 2013 y 2015. El sueldo de los miembros de las Corporaciones Locales estará limitado al de Secretario de Estado y se reduce el número de personal eventual y de cargos públicos con dedicación exclusiva en función de la población del municipio.
La utilización de por primera vez, en sentido adanista, nada más comenzar el texto, me da la razón en que antes de ti no hubo antes, todas las otras leyes quedaron atrás.
Pero lo que más llama la atención es la noticia de que tanto la Federación Madrileña de Municipios como la nacional de Municipios y Provincias, creen que no se conseguirá producir ningún ahorro y la mayoría de los partidos y responsables municipales están en contra del proyecto de Ley de Bases del Régimen Local.
Añaden estos organismos que esta Ley va en la dirección opuesta, ya que no producirá ahorro sino peores servicios con mayores costos, mientras que los partidos de la oposición dicen que supondrá el desmantelamiento y la privatización de los Ayuntamientos por lo que no dudarán, de aprobarse en los términos que está, en acudir al Tribunal Constitucional y piden al Gobierno un amplio acuerdo con todas las fuerzas políticas, porque una ley que pretende modificar la estructura territorial del país no se debe imponer de forma unilateral.
Las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales, estas últimas estuvieron señaladas para desaparecer, salen reforzadas al recuperar servicios que tenían delegados y competencias de las actuales Mancomunidades y Entidades Menores, que temo serán eliminadas a medio plazo.
Las Comunidades Autónomas, imagino que también las Diputaciones Provinciales, pueden pedir a los Ayuntamientos que sigan con competencias que son propias de aquellas pero ya no en función delegada sino con convenio en que se determine el coste. Esto es la Ley no obliga a una delegación para todas las entidades locales, sino a que la Comunidad decida a quien le paga este servicio y a quien no, lo que viendo la balanza de equidad de los políticos, es cuando menos preocupante.
Pensar que las Comunidades Autónomas van a ser capaces de racionalizar el gasto municipal, buscando el equilibrio financiero, cuando han acumulado el mayor déficit financiero de la historia de España, peca totalmente de ingenuo. La medida se entiende menos si son ciertos los datos que certifican que los Municipios sólo son responsables del 6% de total de la deuda de España.
En Sierra de Gata es posible que desaparezca la Mancomunidad de ese nombre y seguro que, la mayoría de los alcaldes, se quedan sin sueldo ya que en todos aquellos municipios con menos de 1.000 habitantes no tendrán retribución. Los Concejales más de lo mismo pues solamente el 18% de todos ellos, tendrán dedicación exclusiva.
Las Mancomunidades y las Entidades Locales Menores se someterán a un proceso de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para conocer su estado real y comparar con el estado que se considere eficiente, esto es hay un listón que saltar.
Si resulta que no se puede mantener el servicio, según el resultado de la nota del examen, serán disueltas, para que andar con tonterías y medias tintas, y pasarán los Municipios a depender totalmente de las Diputaciones Provinciales, como antaño, y las Entidades Menores dependerán, me imagino que como pedanías, de los Municipios. Hay ejemplos en Sierra de Gata que me dan cierto tembleque.
Estas Mancomunidades y Entidades Locales Menores, deberán presentar sus cuentas, como decía anteriormente, ante los organismos correspondientes del Estado y de las Comunidades Autónomas para no incurrir en causa de disolución.
Las competencias de los Ayuntamientos se dividen en propias e impropias y también deben someter los servicios que presta a procesos de evaluación y si resulta que el Ayuntamiento no puede mantenerlos, siendo impropios, se suprimen. Si se trata de un servicio mínimo este pasa, en Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, a las Diputaciones Provinciales.
En todo caso, los Municipios con menos de 5.000 habitantes deberán prestar el servicio de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas, a Dios gracias.