A principios de febrero, el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago planteó al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, varias cuestiones para alcanzar soluciones a las aspiraciones de la región en relación a las energías renovables, entre otras, la necesidad de ofrecer seguridad jurídica en esta materia o que se de certeza sobre el plazo de suspensión temporal de las primas a estas energías, ya que esto da confianza tanto a las Comunidades Autónomas como a los propios inversores.
El presidente del Ejecutivo regional planteó que las “cosas no son ni blancas ni negras, sino que a veces tienen un contexto y por tanto, cuanto hay contexto hay matices y posibilidades de punto de encuentro” algo que por otra parte ha dicho que siempre busca.
De ahí que haya planteado, en primer lugar, que se ofrezca seguridad jurídica, que se conozcan las reglas del juego y el plazo de suspensión de estas primas, ya que esto permitirá valorar a los inversores si siguen o no con su proyecto, esto genera “confianza hacia terceros y confianza en la marca España”.
Contestación del gobierno central
Por otra parte, ha planteado la aplicación de la generación distribuida de balance neto, esto es,que quiénes quieren instalar por ejemplo placas fotovoltaicas en sus casas o empresas puedan conectarlas a la red, y todo aquello que produzcan y no consuman pueda convertirse en beneficio de su factura.
Esto lo ha planteado, además de como ahorro para las familias, como generación de empleo para todos aquellos suministradores de estos servicios y a la larga como una forma más de contribución a un sector importante.
La tercera cuestión planteada y que el Ministerio se ha comprometido estudiar es la aplicación en Extremadura de Regímenes específicos que plantea el Real Decreto. Un planteamiento que se hace partiendo de la realidad de Extremadura en estos momentos, “con cultivos amenazados; una alta dispersión geográfica, unas altas tasas de desempleo, ausencia de otros motores de crecimiento, etc.”
De igual forma, ha puesto en valor la biomasa, ya que puede contribuir a la reconversión agraria y puede suponer una dinámica de desarrollo de la Comunidad.
Sin embargo, el pasado día 9 de febreo, el Congreso de los Diputados aprobó el decreto ley
el real decreto-ley (RDL) por el que suspende el pago de primas a las nuevas instalaciones renovables con los votos favorables del PP, la abstención de CiU, PNV y UPyD y el rechazo del resto de los grupos. En su intervención para defender la norma, el ministro de Industria, José Manuel Soria, subrayó que el fin de este parón es contribuir a acabar con el déficit de tarifa eléctrico, un "obstáculo insalvable" para que las renovables puedan seguir desarrollándose y poder contar así con un sistema seguro, competitivo y sostenible.
En este sentido, avanzó que la duración de esta suspensión a las primas estará vinculada a la desaparición del déficit, que suma 24.000 millones de euros. Según Soria, el Gobierno tiene un compromiso "claro, inequívoco e irreversible" con las renovables y, en su opinión, esta medida no impide que se puedan poner en marcha nuevas instalaciones, eso sí sin incentivos económicos que sobrecarguen al sistema.
"Cualquiera que quiera montar una instalación tiene absoluta libertad para hacerlo (...) pero hay que frenar los sobrecostes", subrayó. El ministro reiteró que se trata de una primera medida para una reforma "de calado" sobre la estructura de ingresos y costes del sistema.
José Manuel Soria.
