Como parte de los recortes del gasto público, el presidente del gobierno acaba de anunciar una disminución del 30% en el número de concejales (alrededor de 20.000 concejales menos). Esta medida, según El País, la aprueban un 90% de los ciudadanos. ¿Por qué? La mayoría de los españoles entienden que esta medida supone un adelgazamiento de nuestra hipertrofiada y privilegiada clase política. Sin embargo, es sencillo comprobar que esto es mera propaganda, porque esta medida (a diferencia de la supresión de las diputaciones y el senado) no supone ningún ahorro.
Sólo en los ayuntamiento más grandes todos los concejales tienen un sueldo, en la inmensa mayoría, hay muy pocos concejales liberados. Los habitantes de Sierra de Gata lo sabemos bien. En Moraleja, el municipio más grande, sólo uno de sus trece concejales (aparte del alcalde) está liberado. De hecho, en los 7.969 ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes (esto es, más del 98% de los ayuntamientos españoles), los concejales liberados suponen bastante menos del 70% del total y, por tanto, el ahorro va a ser nulo. Desconozco el número exacto de liberados que hay en los 145 ayuntamientos restantes, pero podemos en una estimación muy por lo alto, entre los más de 20.000 concejales que desaparecerán, como muchísimo sólo 400 están liberados. Así pues ¿de dónde salen los 3.500 millones de euros que espera ahorrar el gobierno? Desde luego, no de los 30 millones que vamos a ahorrarnos en sueldos de los concejales, que tan sólo supone el 0,85% del total.
Si habláramos de educación o de sanidad, sería posible que el gobierno simplemente ignorara la realidad, ya que parecen vivir en una nube, pero esta es una medida que afecta a la clase política, así que podemos estar seguros de que saben perfectamente que no tiene ningún impacto en el gasto público. Entonces ¿por qué se toma esta medida? A poco que pensemos hay dos razones evidentes. En primer lugar, se trata de una medida puramente propagandística, de cara a los ciudadanos parece que ellos se están recortando algo y ahora saldrán y nos dirán que ha habido una reducción de cargos públicos, aunque se callarán que son precisamente los que no suponían otro gasto que el de la tinta de las papeletas electorales.
La otra razón, y probablemente la más importante, es que que dificultan el acceso de las minorías a las instituciones, se encarece extraordinariamente la posibilidad de conseguir representación y, de ese modo, se facilita en mucha mayor medida la posibilidad de obtener mayorías absolutas, el cáncer de la democracia. Si juntamos esta medida con la reducción de competencias municipales y la anunciada supresión de mancomunidades, el resultado es que la toma de decisiones cada vez está más lejos de los ciudadanos. Esto sí que facilita el ahorro de 3.500 millones: con la centralización en la prestación de servicios a través de las diputaciones (una institución completamente opaca y no elegida por los ciudadanos) resulta mucho más fácil suprimir servicios a los ciudadanos de los zonas rurales.
Mientras ni una sola de las medidas del gobierno afecta a los más ricos del país, a lo ciudadanos de a pie no sólo nos quitan el dinero y nos arrebatan los derechos, sino que, además, minimizan nuestra capacidad de elegir a nuestros representantes, el único derecho político de nuestra escuálida democracia.
