Tras los cruces de acusaciones de estos días por parte del Gobierno Regional y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del PSOE, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) “se opone a que los ganaderos tengan que cargar con la responsabilidad que le corresponde a las administraciones públicas”.
UPA-UCE Extremadura siempre “ha defendido una política de sanidad animal con un control y presupuesto públicos”. Los recortes que se han llevado a cabo este año en áreas como la sanidad animal han repercutido en mayores costes para los profesionales ganaderos. Si bien es cierto que el ganadero no tiene que pagar el precio de la vacuna, tiene que asumir el coste del proceso de inoculación.
Desde UPA-UCE denuncian que los ganaderos extremeños puedan optar a tratamientos globales coordinados desde la Consejería de Agricultura, para que realmente resulten efectivos. Uno de los principales problemas del actual sistema es que el calendario de vacunaciones tiene marcados unos plazos máximos, lo que consideran insuficiente para la adecuada prevención de enfermedades animales. Así, desde UPA-UCE proponen que estas actuaciones obligatorias se hagan marcando unos periodos zonales, reduciendo así el tiempo máximo de vacunación en una misma área.
Además, demandan a la Administración que reduzca en la medida de lo posible las trabas administrativas y económicas en los casos de lengua azul, que, como ya ha quedado demostrado, no tienen ninguna repercusión sanitaria en el sector y únicamente sirven para incrementar los costes derivados de su tratamiento.
