La Federación Española de Municipios y Provincias ha publicado un informe sobre las competencias de las corporaciones locales para intentar ordenar un aspecto de la administración que en nuestra historia más reciente parece haber estado al capricho de los distintos gobiernos. Es absurdo, como subraya la FEMP, que a estas alturas no exista una ley orgánica que regule el funcionamiento de los municipios, que defina sus competencias y resuelva de una vez por todas su financiación.
No hay que olvidar que la demencia constructora que ha literalmente asolado este país ha utilizado como combustible la penuria financiera de los ayuntamientos. Mientras ingresaban el dinero de los impuestos a la construcción, y de paso se enriquecían y corrompían el sistema de arriba a abajo, no hubo mayores problemas; pero esos tiempos ya pasaron y ahora los ayuntamientos son incapaces de mantener los servicios a los ciudadanos. Por este motivo, es hoy más necesario que nunca solucionar este asunto. El problema es que una solución en tiempos de crisis no va a ser nunca la mejor solución: a diario vemos que se adoptan medidas imposibles de justificar salvo porque no hay dinero. Me temo, por tanto, que una vez más se aprovechará una reforma para hipotecar el bienestar de los ciudadanos.
Aunque el informe está redactado antes de que el gobierno anunciara su idea de unificar ayuntamientos (aunque con una sospechosa coincidencia en el tiempo, mucho más sospechosa tras las declaraciones del secretario de estado de administraciones públicas), es cierto que las cuestiones de ordenamiento territorial estaban en el candelero desde que comenzó la crisis. El PSOE, por ejemplo, había planteado la idea de eliminar las diputaciones provinciales. El mantra del actual gobierno es “una competencia, una administración” (en realidad, “una administración, una competencia”, quiero pensar que es un error, a fin de cuentas, los políticos profesionales rara vez saben lo que dicen).
La propuesta de la FEMP muestra bien a las claras como dentro de este organismo pesan bastante más las diputaciones que los pequeños municipios. Así, para esta organización los ayuntamientos deben mantenerse como están porque no son sólo entidades de prestación de servicios, sino, sobre todo, “la expresión de la voluntad política y cultural de sus habitantes”: grandes palabras, significados pequeños. Lo cierto es que, tal y como se ha reflejado en la prensa, la FEMP propone vaciar de contenido los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y traspasar su gestión a las diputaciones, unas instituciones sin el más mínimo control democrático. Esto es, propone que el control efectivo de los pequeños municipios, que es la administración más cercana al ciudadano, pase a manos de una administración a la que ni siquiera podemos votar y cuya opacidad ha dado lugar a numerosos escándalos en los últimos años.
Sobre este asunto llaman poderosamente la atención dos cosas. En primer lugar, el número: 20.000 ¿por qué? ¿por qué no 30.000? ¿o 10.000? No se nos da ninguna razón y no nos engañemos, no la hay. Pensemos en el caso de Sierra de Gata. Sin contar Moraleja, la sierra tiene poco más de 16.000 habitantes y más de cincuenta kilómetros de un extremo al otro. Si para sumar los 20.000 debe formarse una entidad que agrupe Moraleja y los pueblos serranos, surgirían los problemas que ya hemos vivido: la realidad administrativa de Moraleja es, por su tamaño, completamente distinta a la del resto de los pueblos: tiene poco sentido unir administraciones tan heterogéneas.
La segunda cuestión es ¿qué ocurre con las mancomunidades? Al igual que los pueblos, las mancomunidades en gran medida está construidas a partir de una realidad histórica y cultural, son de algún modo unidades naturales. Sin embargo, nada se dice de ellas. Aparentemente, de acuerdo con los planes del gobierno, las mancomunidades serán fagocitadas por las diputaciones en ya veremos qué tipo de organización.
En suma, la reforma de las administraciones locales se va a imponer desde arriba, sin tomar en consideración a los ciudadanos, con criterios uniformes para toda la península independientemente de la distancia entre los pueblos, su historia, sus tradiciones o cualquier otra consideración. La administración más próxima a los ciudadanos se muda a la capital.
