La pobreza energética es una realidad que afecta a todos los Estados Miembros de la Unión Europea. Se considera que más del 10 % de la población son incapaces de mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
La crisis económica que se mantiene más de lo esperado, y la constante subidas del precio de la energía eléctrica, no ha hecho más que agravar una situación ya de por sí complicada. Los hogares españoles necesitan dedicar cada mes, un porcentaje más elevado de sus ingresos para el mantenimiento de las necesidad básicas, alimentos, luz, gas, , etc.
En 2012, en nuestra asociación, constatamos que incluso en Cáceres capital se había vuelto al brasero de picón y su venta sigue repuntando considerablemente, sólo hay que ver la lista de piconeros que se anuncian en Internet, así como la venta de leña de encina, olivo y roble, cuyos precios no tienen competencia frente al de otras fuentes de calor.
El aumento de los costes por término fijo en el suministro eléctrico y gasístico han provocado que muchas familias se decanten por cancelar el suministro de gas natural y hayan vuelto, a la compra de gas butano, tanto para cocinar como para calefacción. La bombona de butano ofrece la ventaja de que el usuario paga por lo que consume y permite controlar más el consumo. Una bombona puede calentar una sala de 20 a 40 metros durante un mes, de ahí que las estufas en dormitorios y salones se hayan convertido en una alternativa a la calefacción central.
Pero habitar en una vivienda a una temperatura inadecuada acarrea graves consecuencias, que , incluyo pueden causar la muerte prematura de miles de personas cada año. La ONU, considera que unas 10.000 personas mueren cada año en España debido a la pobreza energética, cifra bastante superior que las de las víctimas por accidentes de tráfico, 1.128 en el año 2014. Es por ello que se precisan medidas urgentes enfocadas a la protección de los consumidores afectados por este nuevo concepto que es el de la pobreza energética, que debemos considerarla como una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles.
La política energética en España precisa de un gran acuerdo de todos los agentes implicados, desde los partidos políticos, instituciones y empresas hasta los consumidores, que somos definitiva quienes sufrimos y padecemos los errores de un sector que no acaba de garantizar una energía segura y sostenible. Un sector que da la espalda a la energía fotovoltaica y penaliza el autoconsumo.
Mientras Alemania ha instalado unos 8.000 MW de energía solar en 2010, e Italia unos 7.000 MW, en España el Gobierno no permite que se instalen más de 500 MW al año, y en vez de favorecer las inversiones ahora penaliza a los que invirtieron en años anteriores. Extremadura tiene una oportunidad de oro para hacerse con un sector en el que puede resultar pionero y dominante, por razones obvias, tenemos las extensión de terreno más grande de la península, y por supuesto liderar la creación de puestos de trabajo, que de otro modo sería imposible en nuestra comunidad.
Esperemos, que el nuevo gobierno que salga de las próximas elecciones, sea sensible a estas reclamaciones, que tanto el sector energético extremeño, como los consumidores hemos hecho llegar a los distintos partidos políticos.
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