El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha anunciado la inminente publicación de un decreto que potenciará la profesionalización de la atención a la dependencia, lo que se traducirá en un incremento de la calidad del servicio en la región.
Se trata, según ha dicho, de fortalecer las prestaciones vinculadas a los servicios profesionales y residenciales y de “abandonar” las del entorno familiar que, ha recordado, “eran una excepción de la Ley”, pero que en Extremadura “se hicieron norma, por desgracia”, lo que ha tenido como consecuencia que “no tengamos los deseados índices de calidad, que se haya producido un desvío económico importante y que no se estén cumpliendo las expectativas de empleo que tanto nos prometieron”.
Hernández Carrón ha hecho estas declaraciones en Cáceres, donde ha inaugurado la I Jornada de Calidad en el Sector de la Atención a la Dependencia, organizada por la Asociación Extremeña de Servicios de Atención a la Dependencia (AESAD) en colaboración con el Cluster de la Salud.
El consejero de Salud y Política Social ha insistido en que todos los cambios asociados a la reforma de la Ley de la Dependencia van encaminados a que este sistema “tome un giro hacia la sostenibilidad”, puesto que en sus primeros cinco años de aplicación “se ha desviado de su objetivo inicial en más de 2.700 millones de euros, dado que hay 400.000 personas dependientes más de las que se preveían en principio”, tal y como ha demostrado la reciente evaluación de la norma realizada por el Ministerio.
Apuesta por el empleo
La apuesta del Gobierno central y del regional por la dependencia, ha añadido, va encaminada a “generar empleo”, algo que hasta ahora ha sido la “gran asignatura pendiente” de la Ley, y ha destacado que en este reto “deben” implicarse las empresas del sector de la dependencia, que juegan un “importante papel” como prestadores de servicios.
En este sentido, ha comentado que los últimos datos publicados por el INE y relativos a las previsiones de envejecimiento de la población para los próximos 10 años, que en principio pueden interpretarse como una “debilidad”, pueden transformarse en una “fortaleza” para estas empresas, a las que ha instado a hacer “todo lo necesario” para que así sea.
El consejero ha resaltado que el decreto en el que trabajan los técnicos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) garantizará que todos los centros y servicios estén regulados conforme a la ley, dado que desde 1996 no se ha procedido a tal regulación en este sector.
De este decreto emanará una Orden específica de acreditaciones para las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio, en el que Extremadura será pionera respecto al resto de comunidades autónomas.
La finalidad, ha insistido Hernández Carrón, es certificar que todas las empresas del sector cumplen en igualdad de condiciones unos requisitos que tendrán como único fin “el de garantizar un servicio de calidad para las personas dependientes”, apostando a la par por la creación de un tejido empresarial de calidad.
Dependencia en Extremadura
Preguntado por los periodistas acerca de la dotación presupuestaria para la atención a la Dependencia en 2013, el consejero ha comentado que las cuentas para el próximo ejercicio son muy “similares” a las del año anterior, gracias al “enorme” esfuerzo económico que está haciendo el Gobierno extremeño para garantizar este servicio, compensando el detrimento de los fondos procedentes del Estado y aportando a política de dependencia 249 millones de euros, 20 más que en 2012.
Asimismo, sobre el número de beneficiarios en Extremadura, Hernández Carrón ha recordado que actualmente hay más de 26.000 personas que reciben algún tipo de prestación vinculada a la Ley de la Dependencia y ha recordado que esta comunidad autónoma, junto con Galicia, es el único territorio de España que ha incrementado el número de beneficiarios en 2012.
En esta línea, ha comentado que gracias a la gestión, el Gobierno de Extremadura está consiguiendo “bajar las listas de espera”, pese al “momento muy complicado” por el que atraviesa la economía.
Al respecto, cabe destacar que desde el 1 de julio de 2011 a 1 de julio de 2012 se han resuelto un total de 11.331 expedientes, mientras que en los primeros cinco años de aplicación de la Ley se resolvieron 44.400. Es destacable también que desde el 1 de mayo de 2011 al 1 de octubre del presente ejercicio las listas de espera han pasado de 10.409 personas a 7.393.
