Que nuestra Comarca tiene un potencial de crecimiento por sus especiales características es algo que muchos tenemos claro; que el turismo es prácticamente el único “motor de arranque” capaz de reactivar el resto de los sectores económicos serranos es, también, una hipótesis generalmente aceptada. Allanemos pues el terreno.
Pongámonos ahora en el mejor de los escenarios e imaginemos que los turistas ya vienen en gran número a la Sierra y se crea lo oportunidad de crear nuevos servicios como alojamientos rurales, tiendas artesanas, empresas de ocio, servicios asociados al turismo y, así mismo, empieza a surgir la demanda de rehabilitar o construir nuevas viviendas. Imaginemos, con optimismo, que nuevos habitantes llegados de las frías tierras de mas allá de los Pirineos, deciden adquirir pequeños predios en nuestro paraíso natural (como ya ocurre) para instalarse a vivir entre nosotros con buen clima, buen paisaje, comunicaciones, servicio, gastronomía y simpatía. Imaginemos que ya están aquí con sus carteras bien provistas de Euros para invertir en Sierra de Gata en bienes y servicios. Sería como si a todos, nos hubiera tocado la “primitiva”, pero, ahora me pregunto: ¿Tenemos el marco administrativo más favorable para que esa bicoca se hiciera realidad?. La pregunta es retórica, porque la respuesta es rotunda: NO.
NO TENEMOS EL MARCO ADMINISTRATIVO ADECUADO PARA FAVORECER EL EMPRENDIMIENTO. Y, sin ese contexto despejado, cualquier inversión en ese sentido puede perder gran parte de su efectividad.
Argumentaré ese “no” con una sucinta descripción de la caótica situación actual sin exagerar un solo ápice.
Cualquiera que haya intentado la puesta en marcha de un negocio en la comarca será consciente de la increíble complejidad que supone pasar por unos organismos y administraciones que parecen funcionar, no como un favorecedor de la economía, sino como una carrera de obstáculos interminable y múltiple, como una hidra de múltiples cabezas que se pasan las continuas trabas de una a otra convirtiendo el papeleo previo al asentamiento de un negocio en una calvario kafkiano donde nunca se ve el fin. Si el negocio lleva aparejado un tema urbanístico, pasamos de kafkiano a lo cuántico, incluyendo “agujeros negros” que devoran cualquier esfuerzo y paradojas como las de Schrrodinger con su pobre gato que está a la vez vivo muerto según leyes imposibles de ser asimiladas por la razón humana. Los organismos que intervienen en el martirologio del osado emprendedor son infinitos como los trámites a los que se le obligan sucesiva, simultanea o retroactivamente: Ayuntamiento, concejalías, Servicios técnicos, jurídicos, de patrimonio, urbanismo o arquitectura de la Mancomunidad, Sanidad, Consejería de Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, Carreteras, Confederación Hidrográfica, Colegios de Arquitectos, Aparejadores, Técnicos Medioambientales, Notaría, Registro de la Propiedad, Catastro, Diputación, Seprona… Y más.
En resumen, la complejidad de las gestiones administrativas previas a la puesta en marcha de un negocio no son las adecuadas para el favorecimiento de los mismos; es más, son una importante traba, cuando no una razón de peso para su desistimiento previo. Si, para colmo, el supuesto inversor es extranjero, eso ya sería razón sine quae non para que no invierta. Complejidad, descoordinación, inseguridad jurídica, lentitud, incertidumbre… En pocas palabras: una tomadura de pelo sin el menor sentido.
El colmo es que, más de la mitad de este embrollo burocrático podría y, por ley, debería, ser evitado. Parece que aquí nadie sabe que las directivas europeas tienen un rango legal superior incluso a la Constitución Española y que, precisamente el 23 de Noviembre de 2009, el Gobierno de España se vio literalmente obligado a promulgar la Ley 17/2009 como transposición de la Directiva 2006/123/CE sobre el mercado interior de servicios. Para hablar en “cristiano”, lo que dice básicamente esa Ley, de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional (Ayuntamientos incluidos) es que, para poner un negocio y empezar a funcionar, ya no se puede exigir una licencia previa, basta con una “Declaración Responsable” del titular del negocio en el que se compromete a cumplir la normativa legal o a adaptarlo a ella en caso de que, a posteriori, no lo cumpla.
Esta norma que, insisto, es absolutamente obligatoria para los entes municipales, no solo no se aplica, es mucho peor: no se sabe que existe. Y no es que lo haya probado en mis propias carnes, que también, es que me lo ha comentado personalmente el edil de uno de los pueblos de nuestra Comarca con cara de incredulidad.
Y, narradas la desafortunada realidad, centrémonos en el esperanzador futuro.
La Sierra de Gata podía ir mucho más allá de aplicar la “declaración responsable” para favorecer el crecimiento económico. Podría anticiparse, como no lo ha hecho nadie, a los tramites administrativos, legales, incluso mercantiles de la puesta en marcha de un negocio ofreciendo una ventaja competitiva única respecto a cualquier otro territorio de la Unión Europea. Veamos cómo podría realizarse este original y atractivo proyecto. Empecemos de nuevo a soñar.
Cualquier propietario de la Sierra con un inmueble o una finca susceptible de albergar un negocio o un nuevo residente (ya fuera una finca, un solar o una edificación para rehabilitar) se dirige a la “Oficina de Tramitaciones Anticipadas” de la Mancomunidad. En la O.T.A. (Aquí gustan mucho las siglas) le reciben con una sonrisa unos amable funcionarios que le piden tan sólo su identificación, sus datos de contacto, el título de propiedad del inmueble y, si es posible un plano de ubicación y unas fotografías. SI el ciudadano no tiene prisa, le cuentan como funciona la O.T.A. y le invitan a una caña en el bar de abajo para que les comente que posible usos o que ideas tienen respecto al futuro del inmueble. Tras unas rondas, el propietario sierragatuno vuelve a sus quehaceres y espera la llamada de la O.T.A.
Pasado un mes suena el teléfono y es, como no, el amable funcionario pidiendo una cita para comentarle las gestiones que se han realizado. Al día siguiente se ven y el funcionario le cuenta lo siguiente:
Para empezar, el inmueble tenía una serie de problemas registrales: se habían registrado menos metros de los que tenía y el tracto sucesorio estaba roto, es decir, que en el Registro de Propiedad se perdía la cadena de sucesiones. Ya lo han resuelto, gracias a un acuerdo de la Mancomunidad con la Dirección de Registros y Notariado se habían comenzado los trámites de publicación de edicto y defecto de cabida, sólo hacía falta la firma del actual propietario. En tres meses se resuelve el problema y, con la nueva futura venta, se soluciona también el problema del tracto.
Por otra parte, los arquitectos de la Mancomunidad habían hecho un estudio previo de rehabilitación que incluye toda la obra necesaria excepto la distribución interior y la calidad de sus materiales que queda a criterio del nuevo propietario que adquiera el inmueble. Junto con ese proyecto se adjuntan las licencias previas de obra, habitabilidad, permisos de la confederación, medio ambiente, industria, enganche eléctrico, etc, etc. Es decir, si el nuevo comprador ejecuta la rehabilitación u obra adaptándose al proyecto tiene, automáticamente, todos los permisos y licencias concedidas. Los costes del proyecto, tasas y demás emolumentos burocráticos se han contemplado a un precio global razonable y serán abonados por el comprador en el momento de la venta. También, la O.T.A. ha pedido presupuesto a varios constructores de la zona y tiene precios cerrados de obra y plazo de ejecución garantizados por aval, siempre que el nuevo propietario adjudique la obra a uno de esos promotores serranos. Lo mismo con el enganche eléctrico y algunos otros servicios.
Por último, le recomiendan un precio de venta con el que el ciudadano propietario se muestra conforme. Firma su aceptación y, para su incredulidad, el inmueble ya aparece en la Web de la Mancomunidad en tres idiomas, con planos, fotos del estado actual, simulación 3D del aspecto final, precio y un sello rojo que pone “Inmueble con todos los trámites administrativos y precios de ejecución garantizados”.
A los dos meses ya lo han visto varios posibles compradores, al ser extranjeros, la Mancomunidad a utilizado su servicio de intérpretes locales para enseñar el inmueble y, de paso, hacer un recorrido a los interesados por toda la Sierra para que vean la calidad de vida, paisajes y demás virtudes que ofrece la Comarca.
La venta se realiza, en el propio acto, el vendedor recibe el precio y la Mancomunidad el importe total de los costes en los que ha incurrido, además de todas las tasas aplicables al proceso.
Dado el atractivo de la Sierra, las magníficas garantías jurídicas-administrativas y lo novedoso del sistema, se realizan cada mes mas de 40 transacciones y la Comarca es un hervidero de actividad.
Pero, despertemos de nuevo. Hay que cambiar de cabo a rabo el concepto de la relación administrador – administrado. Pero, esto que planteo, es perfectamente posible y legal; ni siquiera hacen falta medios económicos ni humanos. La Mancomunidad tienen todos los técnicos necesarios, el sistema es mucho más rentable que actual, el número de operaciones aumentaría los ingresos públicos, los Ayuntamientos recaudarían más, los empresarios ganarían más, los propietarios podrían vender a buenos precios, el paisaje mejoraría, la Sierra se enriquecería con nuevos moradores (moral y económicamente). Todos saldríamos ganando.
Si una propuesta es mejor que el sistema actual, si no tiene coste, si es más rentable, si carece de riesgos… ¿Por qué no llevarla a la práctica?