Estados Unidos, 2012. Los estados de Washington y Colorado en referendum (bienaventurados los ciudadanos que pueden proponer y votar un referendum porque ellos vivirán en democracia) han despenalizado el uso, la producción y la distribución de cannabis para uso lúdico, y el Departamento de Justicia ha anunciado que no interferirá en esta decisión. Muy pronto otros muchos estados votarán normativas despenalizadoras en la misma línea. Políticas similares se han adoptado o están en proceso de adopción también en otros países como Uruguay. Es evidente que la penalización de la marihuana está llegando a su fin, entre otras razones porque, por un lado, no existe ningún tipo de evidencia científica que justifique que, como ocurre hoy día, el cannabis tenga el mismo tratamiento que la heroína y, por otro lado, sí existe abundante evidencia del valor terapéutico de esta sustancia.

El gobierno de Extremadura debería, en la medida de sus posibilidades, fomentar la economía del cannabis. La Generalitat de Cataluña ya ha anunciado que va a regular los clubes de fumadores. No es gran cosa, pero es el primer paso para el desarrollo de esta industria tan pronto como se legalice. Hacerlo ahora nos permitiría tener mano de obra especializada en el cultivo del cannabis, lo que, llegado el momento, supondría una clara ventaja competitiva. Esta ventaja se ve además reforzada por las excelentes condiciones de cultivo de nuestra región y las infraestructuras asociadas a la industria tabaquera. Todo ello coloca a Extremadura en una inmejorable situación para la producción y la comercialización del cannabis. Conviene recordar que no estamos hablando sólo de fumarse unos porros, estamos hablando de los múltiples usos de esta planta: papel, tejidos, aceite, cuerdas, etc. Si podemos ser los primeros, ¿por qué ser los últimos?

La situación actual es muy difícil de entender. Cómo es posible que el gobierno de España dedique parte de sus escasos recursos a la persecución del cannabis, en lugar de regularlo y obtener los consiguientes beneficios por la vía de los impuestos y del empleo. Recientemente, en nuestra comarca la guardia civil ha incautado en cuatro operaciones diferentes llevadas a cabo en San Martín, Hoyos y Villanueva de la Sierra entre dos y cinco plantas de marihuana. Pensemos en el coste de estas operaciones en términos de agentes que las llevaron a cabo en lugar de ocuparse de auténticos problemas de seguridad de los muchos que azotan el entorno rural. Pensemos en su coste en términos judiciales y en términos sociosanitarios. ¿Cuánto nos han costado estas operaciones? Además, es importante recordar que en España el consumo es perfectamente legal y la plantación para autoconsumo también lo es. Sin embargo, la ausencia de regulación deja al arbitrio de los jueces determinar qué cantidad de plantas, o qué cantidad de producto, puede considerarse autoconsumo o pasa a considerarse producción para el comercio. Lo más probable, por tanto, es que, al final, el denunciado únicamente sufra la pérdida de su cosecha. Dinero tirado cuando podríamos estar creando riqueza. En fin, Sr. Monago, ¿hace un porrito?