De la doctrina Parot al parón de la doctrina

En esta semana próxima pasada ha comenzado el goteo de excarcelación de los presos a los que se alargó ilegalmente sus condenas. Debemos cruzar los dedos pues se nos va a hacer larga, en el tiempo, la visión de estas salidas de las cárceles de personas que lo debieron hacer a mucho. 

Se nos ha facilitado, este cruel espectáculo, desde la torpeza política de unos dirigentes prepotentes que, haciendo oídos sordos al consejo de los otros, se dedican a hacer partidismo de votos en lugar de acometer verdaderas políticas de estado.

Por qué, si lo que se quería era cambiar la legislación para endurecer las penas, no se redactó y aprobó una nueva Ley en su momento. Por qué no se puso fin al código franquista, que permitía la redención de penas, hasta 1995. Por qué se esperó hasta 2006 para retorcer la legislación anterior, hasta normalizarla, con una retroactividad a todas luces injustas, imitando la peor de las doctrinas berlusconianas. 

Se clamó justicia, no ha mucho tiempo, desde la Castellana de Madrid. Albergó esta simbólica calle, una tras otra, manifestaciones que afeaban la política antiterrorista del momento. Se rompió, unilateralmente, el pacto de estado, no firmado pero existente, que animaba al respeto por las actuaciones del gobierno para apartar de la lucha a la única banda armada que continuaba llenándonos de dolor y sangre e, incluso, de estupor con algunas de sus actuaciones. Primaron un puñado de votos sobre las heridas abiertas en una sociedad que se desgarraba por lo inexplicable. Se puso por encima de todo la consecución del poder, que nadie niega como necesario para transformar una sociedad, frente a la protección de los dirigentes vascos cuyas vidas quedaban abocadas a la suerte del giro de la ruleta loca. 

Ahora, cuando se pide a los jueces españoles que no cumplan la sentencia de Estrasburgo. Cuando se pide al gobierno que se declare insumiso, nos damos cuenta que ni se comparte ni se respeta la sentencia del tribunal europeo y se tiende a crear en la sociedad española un estado de opinión que más que sed de justicia busca ansias de venganza.  Este empuje ha llevado al gobierno del reino ha menospreciar el valor del principio de separación de poderes, ninguneando la sentencia, e, incluso, su propia doctrina autoimpuesta de no pronunciarse contra las sentencias judiciales.

“Mi forma autoritaria y rápida de tomar decisiones me ha llevado a tener problemas serios y a ser acusado de ultraconservador. (…). No habré sido ciertamente como la beata Imelda, pero jamás he sido de derechas. Fue mi forma autoritaria de tomar decisiones la que me creó problemas (…). Todo esto que digo es experiencia de la vida y lo expreso por dar a entender los peligros que existen. Con el tiempo he aprendido muchas cosas”, dijo el papa Francisco. 

Es la segunda vez que recuerdo la infalible palabra del papa de Roma, exenta de error. Lo hago consciente de que se respeta pero no se comparte. Como se respetan y no se comparten las sentencias judiciales que no nos gustan. Porque aquellas que sí nos gustan, por ser favorables a nuestros intereses o a nuestras ideas, esas se respetan y comparten. Lo nuevo ahora es que, lejos de respetarse políticamente la sentencia, esta no sólo es injusta sino que además es equivocada, aunque hay que respetarla y acatarla, porque llueve mucho.

Parecía lejos de esta reciente historia la Ley del Talión. Aquel represivo “ojo por ojo, diente por diente”. Atrás quedó el Código de Hammurabi e, incluso, la ley mosaica del Antiguo Testamento. Caen en saco roto aquellas dignas palabras que tuvieron su término en la Montaña, con un reconfortante sermón donde no importaba poner la otra mejilla. 

Ahora de nuevo, cierta cantidad de gente decente parece empeñada en recordarnos que las doctrinas cristianas, se respetan pero no se comparten ni, mucho menos, se practican. Dios mío, pequé, pequé –se golpeaba en el pecho aquella dolorosa penitente de confesión diaria-, cuando salga de aquí a quien joderé.

No es ni medio normal que se arme el ruido que se está armando con la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Algo que nunca debería haberse producido si el Tribunal Supremo Español hubiese aceptado que la ley en vigor de entonces, legislaba la acumulación de penas, con un máximo de encarcelamiento de 30 años, y no hubiese permitido la jurisprudencia retroactiva. Algo que no debió pasar nunca si el Tribunal Constitucional Español, garante de la Carta Magna Española, se hubiese mostrado más contundente en la aplicación de su propia doctrina. Aquella que dictó argumentando que el exceso en prisión, sobre los 30 años que legislaba la Ley de 1973, constituye una privación de libertad carente de base legal. Aquella que añadió que el exceso en prisión es lesivo del derecho fundamental a la libertad, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Española.

La conocida como doctrina Parot (2006) no es una Ley redactada por el gobierno español y aprobada por las cortes españolas, sino una reinterpretación de la Ley de 1973 que ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, considera ilegal en tanto su aplicación retroactiva. Nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. 

En que no sucedan estas contradicciones, que aumentan innecesariamente el dolor de las personas y las familias, es en lo que tienen que emplearse a fondo los gobiernos, en lugar de estar permanentemente hurgando en los bolsillos de los trabajadores. A no ser que en lo que a unos puede parecer una chapuza, para otros caiga como anillo al dedo. 

Tanta presteza en cumplir los mandatos de Europa sobre los recortes económicos y tan remolones en admitir las sentencias judiciales europeas, a pesar de que ambas sean interesadas y compartidas. Donde tocaba realizar un trabajo ingrato, otros han hecho el trabajo sucio. Porque, en este país, los políticos no dan puntada sin hilo.