No entenderé nunca porque si las leyes educativas son tan controvertidas no se ponen de acuerdo todos los partidos políticos para elaborar una que, de una vez por todas, trascienda los periodos electorales y las apetencias partidistas.

En este país no sólo se está criticando la futura ley educativa, conocida como Ley Wert, por ser mala, que lo es a rabiar, sino que se han criticado otras anteriores que nacieron con un amplio consenso, que se discutieron hasta la saciedad con la comunidad educativa y que fueron precedidas por extensos libros blancos.

Los partidos políticos saben que la educación es un instrumento de formación intelectual, moral y cívica y, en momentos determinados, caen en la tentación de utilizarla para el control social. Se puede mantener a la población analfabeta, disminuidas al mínimo sus capacidades lectoescritoras, incluida la posibilidad de firma, como ocurrió en España prácticamente hasta el último tercio del siglo XX, o se puede optar por crear los suficientes resortes para que toda la población tenga acceso al sistema educativo.

Lo primero no es baladí. Si se consigue mantener una población en la ignorancia es fácil someterla al sistema de “Los santos inocentes”. Familias enteras a pan y cebolla bajo el total y absoluto control del opresor o como le ocurrió al hermano de Juan Morales “El Cabrerín”, bandolero serradillano que ha puesto de moda la película “Territoriu de Bandolerus”, que al tener que pedir al maestro de turno que leyera la carta que señalaba el escondrijo del botín, se quedó sin carta y sin dinero. Cuántas herencias y heredades han pasado en los pueblos de manos humildes a acomodadas familias cuyo abogado, encargado de la redacción del testamento, manipulaba las últimas voluntades. De cuántos bienes del común han sido despojados los Justicias y Ayuntamientos.

Para las familias pudientes si son importantes los estudios. No había antaño mayor prestigio que disponer de un hijo como testamentario, otro militar y un tercero sacerdote, este último con posibilidades de obispado y sillón en Roma. Quedaban así colocados, cada uno, en las estancias del poder establecido. En el Catastro de Ensenada (1753) se nos dice que en cada pueblo, incluidos los serragatinos, había algún abogado. Hasta hace bien poco ha sido así. Eran los encargados de redactar y tramitar la compraventa de propiedades, y como decía antes los testamentos. El que parte y reparte se queda con la mejor parte, decía un dicho popular.

Si se opta, como parece que está sucediendo en las sociedades modernas y porque constitucionalmente no queda otro remedio, por un sistema de enseñanza para todos y todas, cabe optar por un sistema privado, por uno público o por una mezcla de los dos. 

En cualquier caso hay que salvar el conflicto de intereses que familia, religión y estado hacen confluir en el sistema educativo. La intervención del estado en la enseñanza, ya sea desde los colegios privados, las escuelas concertadas o las aulas públicas es de moderación entre los intereses y valores que desee transmitir. Estos valores no deberían ser otros que los que emanan de la constitución democrática en vigor, si realmente fuese una cuestión de estado y no un kleenex partidista de usar y tirar.

Si, con las concesiones y subvenciones a la educación privada y concertada, quedan cubiertas las garantías de la iglesia a una opción educativa confesional y las de las familias, entendidas estas en sentido amplio, para poder elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, no es de entender que se pretenda introducir en la enseñanza pública el mismo modelo educativo que rigen las privadas y algunas concertadas, y menos aún que se cercene la libertad de cátedra. A no ser que se pretenda un trasvase de alumnos de lo público a lo privado y un control social desde todos los instrumento educativos de los que se ha dotado la sociedad, con el espurio objetivo del adoctrinamiento. Porque las formas doctrinarias de actuar pueden venir por la inclusión de asignaturas religiosas en las escuelas, pero también por la manipulación de la historia, pongo por ejemplo, y por el control selectivo del profesorado, como ocurrió en nuestra historia reciente. 

El estado, independientemente del partido en el gobierno, debe  asegurar un sistema educativo libre y gratuito con una enseñanza de calidad, desde preescolar hasta los master universitarios.

La última huelga de la enseñanza del pasado 24 de octubre, dada la amplitud en su seguimiento, vino a poner de manifiesto que hay algo de todo lo anteriormente expuesto. 

Ya no pesan tanto los sueldos, que siguen estando fuera de la línea roja que marca el poder adquisitivo. Ahora se trata de una pérdida paulatina de todos aquellos avances que la educación, al igual que la sanidad, había ido consiguiendo progresivamente, por las reivindicaciones de toda la comunidad educativa y por la apuesta de algunos gobiernos por lo público.

Es esta misma comunidad educativa la que no entiende que una crisis económica, que dicen se está superando, conlleve un cambio de modelo educativo tan radical que recuerda leyes predemocráticas.

A una marca España, que ha superado la media europea de estudiantes que acceden en este curso a la enseñanza, no debe beneficiarle en absoluto el comienzo caótico del curso en algunas comunidades ni, mucho menos, la falta de profesorado que conlleva a una suspensión de las clases o a una masificación de las aulas. 

Son estos profesores, suficientes para una ratio adecuada por aulas, reivindicaciones básicas que creíamos superadas. Ya no quiero ni pensar en el profesorado de apoyo para alumnos con dificultades de aprendizaje, ni en los profesores de orientación, esto se está convirtiendo en un lujo al alcance de pocos.

Para mas inri, estos recortes económicos y esta forma de legislar recae, al mismo tiempo, sobre la formación profesional y universitaria de nuestros jóvenes, que deben pagar mayores tasas para su mejor preparación de cara a encontrar y ejercer un empleo, con una reducción en las prestaciones por becas, libros y comedores escolares.

Atrás queda aquella ilusión colectiva por la renovación pedagógica y aquellos maestros que buscaban permanentemente una formación adecuada para una enseñanza de calidad. Aquellas direcciones democráticas de los centros educativos, apoyadas por los equipos colegiados de dirección, los consejos de centro y las asociaciones de padres y madres, quedarán en la memoria colectiva de Alicia en el país de las maravillas.

Roguemos pues, ahora que Dios vuelve a las escuelas, para que el hijo del obrero no se quede sin universidad y pueda conseguir empleos dignos en justa competencia con los hijos de las clases pudientes, con los mismos derechos y los mismos salarios.