El empoderamiento femenino pasa por la propiedad de la tierra, y sobre esto, se ha escrito mucho y legislado más, pero ¿cuáles son los resultados de éste discurso en el que se mezclan ideologías, intereses, cuestiones de género y conflictos económicos?
En 2012, cuando la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias vio la luz, nació como una herramienta eficaz para reconocer los derechos de la mujer y que pudieran acceder a las tierras que trabajan y desde entonces los diferentes ejecutivos autonómicos, se han esforzado en su puesta en marcha real, pero los datos son desoladores, ya que a nivel nacional, los números eran los siguientes en el 2015, 118 explotaciones registradas.
Teniendo en cuenta que son más de 100.000 mujeres rurales, las que pueden beneficiarse de esta medida, hay que analizar los diferentes motivos, por los que una ley que busca empoderar a las mujeres, no ha resultado atractiva, y es que en muchas ocasiones, el discurso feminista del empoderamiento se distancia de la realidad social del medio rural, que vive el día a día, lejos de los despachos y los proyectos, en los que el papel lo aguanta todo.
Las trabas burocráticas, la edad avanzada de muchas de las afectadas, a las que ya no les da tiempo a trabajar los años necesarios para conseguir una jubilación, el aumento del gasto por tener que cotizar a la Seguridad Social los dos titulares o la escasa difusión que se ha dado de esta ley son algunas de las causas, unidas a un mal mayor, la economía sumergida en el medio rural, que alcanza el 90%, un dato que explica, la supervivencia en el medio rural, y un problema origen de otros muchos y que ningún gobierno ha abordado de forma definitiva y eficaz.
La situación ideal sería, poner en valor el trabajo de las mujeres en el campo y adquirir la propiedad de la tierra, como generadora de derechos presentes y futuros, pero la realidad es muy distinta, ya que en primer lugar, el campo en nuestra comunidad autónoma, no se ha dignificado, sigue siendo un residuo laboral, y esa falta de dignificación, conlleva unas condiciones laborales e ingresos, no deseables, y en segundo lugar, el trabajo de las mujeres en el medio rural, sigue siendo concebido como “ayuda familiar” o complementario, y ese pensamiento a largo plazo, de pensiones futuras y derechos, no tienen cabida en economías que viven al día. Para muchas mujeres, y por tanto, para sus unidades familiares, ese concepto tan manido, empoderamiento se traduce en economía, en liquidez, en disponer de solvencia económica, más allá de ideologías o planteamientos feministas.
Por eso, y defendiendo una medida que supone una mejora cuantitativa y cualitativa en la vida laboral y personal de las mujeres, y en la sociedad en su conjunto, ante los datos, es evidente, que se hace necesario salir de los despachos y formar e informar, sobre la titularidad compartida, pero no con una presentación en ordenador, donde mostremos desarrollo y requisitos, sino con lápiz, papel y calculadora, números a corto, medio y largo, lo que nos cuesta como persona y sociedad, la economía sumergida y lo que ganamos, empoderandonos, trabajando la tierra y haciéndola nuestra.
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