La realidad no es sencilla ni simple, es complicada y compleja.

A la hora de afrontar la realidad de los incendios de la Sierra, debemos tener en consideración, cuando menos, tres grandes cuestiones: 1) El origen del fuego. 2) Las condiciones del territorio. 3) El trabajo de los cuerpos de extinción.

1) De todos es sabido que la inmensa mayoría de los incendios forestales son consecuencia de la acción humana. Por errores o negligencias en algunos casos y de forma intencionada en la mayoría de ellos.

Ante esta realidad es preciso que los responsables de las investigaciones, dispongan de todos los medios necesarios para hacer bien su trabajo. También deben contar con la colaboración ciudadana.

Y tal vez fuera conveniente, establecer la figura legal del “terrorista ambiental”. Figura que ya existe a nivel social.

La expresión  Cui prodest (¿Quién se beneficia?), hace referencia a lo esclarecedor que puede resultar en muchos casos, a la hora de determinar la autoría de un acto que permanece desconocida, el llegar a determinar, quiénes se habrían de beneficiar con sus resultados… 

Entre las preguntas que la Plataforma Sierra de Gata ha planteado a las administraciones, hay una que viene a cuento:

“¿Cuanto dinero público se ha invertido en la Sierra a partir del incendio y como consecuencia de él? ¿En qué se ha gastado y cómo? Limpieza, arreglos, reforestación, indemnizaciones, promoción turística, etc.”

2) Las condiciones del territorio están definidas en gran medida por los planes de Desarrollo Rural aplicados sobre el mismo durante los últimos años. Estos planes incluyen, entre otras variables a tener en cuenta, la política de gestión forestal y los proyectos de desarrollo económico puestos en marcha. De la eficacia de todo ello dependerá el poblamiento o la despoblación del territorio.

La realidad es que la Sierra pierde población, y como consecuencia de ello el campo se abandona. Se abandonan las huertas de antaño, se abandonan las fincas y son colonizadas por la maleza, se abandona el monte y es invadido por las cada vez más numerosas masas de pino descontroladas.

Algunas de las preguntas que la Plataforma Sierra de Gata ha planteado a las administraciones, tienen que ver con esto:

 “Dado que la Sierra arde en gran medida porque el campo está abandonado ¿Se está trabajando en el desarrollo de una política activa de recuperación de la cultura del campo, que haga rentable el trabajo de las huertas, la limpieza de las fincas y el mantenimiento de los montes?”

“¿Se está trabajando en la puesta en marcha de planes de desarrollo adecuados, que luchen contra la despoblación de la comarca, facilitando la instalación de pequeñas explotaciones agropecuarias y la comercialización de sus productos?”

“¿Se está trabajando en alguna estrategia de actuación que permita la intervención sobre las plantaciones de pinos en fincas privadas, en caso de estar abandonadas por sus propietarios, con el fin de adehesarlas  para hacerlas menos peligrosas en caso de incendio?”

3) En relación con el trabajo de los cuerpos de extinción, viene a cuento recordar que el 28 de agosto de 2015, la Plataforma Sierra de Gata elaboró un manifiesto en el que entre otras cosas manifestaba:

“Agradecemos y valoramos muy positivamente: La profesionalidad, colaboración y entrega de la mayoría de las personas de los cuerpos de extinción que trabajaron para sofocar el incendio. Denunciamos las incomprensibles actuaciones de los mandos de algunos cuerpos de extinción y necesitamos que se esclarezca lo que sucedió.”

También viene a cuento recordar que el Pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó el 7 de julio de 2016, el dictamen de la Comisión No Permanente de Investigación de la cámara sobre el incendio en la Sierra de Gata en el que se establece que el incendio fue provocado, y una vez que se expandió se descontroló a pesar de los recursos disponibles, por cuestiones como la falta de gestión, la descoordinación en el Mando Avanzado y con otras administraciones, el mal avituallamiento de los trabajadores y las malas comunicaciones.

Algunas de las preguntas que la Plataforma Sierra de Gata ha planteado a las administraciones, tienen que ver con esto:

“¿Se está trabajando en realizar cambios en la regulación legal de la gestión de los incendios, para evitar que suceda que bomberos forestales y los de la Unidad Militar de Emergencias deban sólo apagar incendios forestales, impidiéndoles apagar fuegos en las casas?”

“¿Se está trabajando en realizar cambios en la regulación legal de la gestión de los incendios, para facilitar la participación voluntaria en labores de extinción de los incendios, contando con la experiencia y el conocimiento del terreno que atesoran las vecinas de los pueblos, a la hora de organizar los movimientos de los cuerpos de extinción?”

 “¿Se está trabajando en la creación de un protocolo de actuación, que asegure que los responsables de la gestión del incendio, se encarguen de contactar con las personas que viven en casas alejadas de los cascos urbanos de los pueblos, con el fin de avisarles de que el incendio avanza hacia sus viviendas y comprobar si necesitan ayuda?”

“¿Se está trabajando en la creación de un protocolo de actuación, que asegure que los responsables de la gestión del incendio, conocen la ubicación de todas y cada una de las viviendas situadas lejos de los cascos urbanos de los pueblos afectados?”

A las víctimas del incendio del pasado verano nos intranquiliza la falta de respuestas de las administraciones a las preguntas de la Plataforma Sierra de Gata. 

Como víctimas necesitamos respuestas. Sentimos temor a que la catástrofe se vuelva a repetir. Y el silencio de las instituciones alimenta nuestro temor.

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