jueves. 28.03.2024

Transparencia pública

Nunca como ahora resultan tan necesarios gobiernos transparentes que generen confianza y que presten un mejor servicio a la sociedad. Cada día está más extendida la idea que la transparencia constituye una garantía frente a la mala administración, fortalece la participación ciudadana y estimula a los poderes públicos a funcionar de modo eficiente.

Nunca como ahora resultan tan necesarios gobiernos transparentes que generen confianza y que presten un mejor servicio a la sociedad. Cada día está más extendida la idea que la transparencia constituye una garantía frente a la mala administración, fortalece la participación ciudadana y estimula a los poderes públicos a funcionar de modo eficiente. Pero lo cierto es que si pasamos de las buenas intenciones a la realidad, de los conceptos a los hechos observamos un panorama poco alentador. Por ello la pregunta que deberíamos plantear es qué actuaciones se necesitan para lograr la ansiada transparencia pública.

Primeramente es preciso establecer el punto de partida. En este sentido, hay que indicar que los requerimientos de transparencia en la gestión de los asuntos públicos no deben verse como la respuesta forzada por la demanda en un momento concreto, sino como el modo característico y habitual de actuación administrativa en las democracias avanzadas en las que los poderes están sometidos a la ley, defienden el interés general y responden ante los ciudadanos. En definitiva, la exigencia de una buena administración deriva del principio democrático sobre el que se funda la legitimidad del ejercicio del poder. Así, las instituciones no son propiedad de los políticos ni de los funcionarios, sino que pertenecen a la sociedad y están al servicio de las necesidades colectivas. De este modo, el ciudadano es ahora, no sujeto pasivo, receptor mecánico de bienes y servicios públicos, sino sujeto activo con una participación destacada en la configuración de los intereses generales.

Tales planteamientos obligan a afirmar que la transparencia supone el reconocimiento y garantía de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, esto es, un “derecho a saber” que exige un sistema “integral” de atención al administrado que funcione de forma rápida, segura y eficaz. No bastan, por tanto, el sinfín de “planes”, “programas” y “estrategias” con escasa virtualidad práctica, ni las “cartas de servicios” que no dejan de ser un conjunto de trípticos con una simple síntesis informativa de la estructura administrativa. Asimismo, de un tiempo a esta parte la racionalidad institucional también se ha deteriorado con técnicas pretendidamente efectivas como las “gerenciales”, el “management”, el “marketing” y los “consulting” que degradan la posición del ciudadano a la de simple cliente o usuario.

En consecuencia, es imprescindible no solo evitar las desviaciones señaladas, sino también volver al marco de la seriedad organizativa y normativa. La transparencia y mejora de las administraciones públicas pasa por referencias más sencillas, profundas y clásicas como la optimización de los recursos humanos, la simplificación de los procedimientos, la reducción de trámites y plazos, la eliminación de cargas administrativas que no sean imprescindibles, la reafirmación de la apuesta por la administración electrónica, la racionalización regulatoria a través de la disminución tanto del número de disposiciones normativas como de su dispersión, la rapidez del control judicial y la ejecución de las sentencias. En este sentido, hay que hacer referencia a la reciente obra de una autora extremeña, María Cruz Díaz y Díaz que bajo el título “El empleado público ante el procedimiento administrativo: deberes y obligaciones de buena administración” analiza de modo exhaustivo las exigencias de calidad y eficacia de la administración publica. Ahora me interesa destacar dos de sus aportaciones. En primer lugar, llama la atención sobre la naturaleza instrumental y objetiva de la administración pues “sirve” de manera imparcial el interés general. Y, en segundo lugar, pone de manifiesto la importancia y responsabilidad de los empleados públicos en el cumplimiento de las formas y reglas del procedimiento administrativo.

Por ello, actualmente urge recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones administrativas con cambios en las formas de ejercicio del poder. Hoy en día puede concluirse que una buena administración basada en la transparencia, eficacia y participación supone uno de los indicadores fundamentales de la calidad democrática de manera que la posición de los ciudadanos en un sistema administrativo complejo se consolida si recibe información sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre los procesos de formación de la voluntad y sobre el contenido de las decisiones y sus motivos. De este modo, la transparencia también opera como instrumento de garantía de la legalidad y objetividad pues entrega a los ciudadanos a posibilidad de ejercer un control de los poderes públicos.

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