“Manda güevos”, como se le escapara a un avezado político en sede parlamentaria, que una ley decimonónica esté causando tanto daño y tanto dolor entre la gente de bien.
Una ley de cuando Alfonso XIII y su primer ministro Antonio Maura, andaban entretenidos en justificar la perdida de las últimas colonias españolas (1898); enviando padres de familia obrera al norte de África; asegurándose un caciquismo feroz capaz de dar pucherazos en las elecciones, un año si y otro también; ajustando cuentas, a diestro y siniestro, entre los militantes de los partidos progresistas que, sorprendentemente, ganaron las elecciones en Cataluña y desencadenando la conocida como Semana Trágica, que le costó la vida al pedagogo Enrique Ferrer y Guardia, promotor de la Escuela Moderna, entre otros muchos.
No es de extrañar, por lo tanto, que se les ocurriera una Ley Hipotecaria como la que redactaron, sancionaron y promulgaron un 21 de abril y refundieron un 16 de diciembre de 1909.
Un bonito gesto de regalo de Navidad.
Decía San Buenaventura que con el cobro de intereses se vendía el tiempo. La Iglesia Católica prohibió su cobro al clero en el Primer Concilio de Nicea (año 325), lo que se extendió al estado laico en el siglo V. Antes El Papa Clemente V los prohibió totalmente (1311), ejemplo que seguirían la Cortes de Castilla en 1348, bajo el reinado de Alfonso XI, y Carlomagno (siglo VIII) que declaró la usura como delito.
A partir del siglo XVI se comenzó a defender la licitud del cobro de intereses y, aunque la Iglesia siguió condenándolo como ofensa a la moralidad pública en tanto interés excesivo, lo cierto es que todos bancos practicaban la usura.
Actualmente existe una Ley contra la Usura, actualizada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que declara que "será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".
Como si se tratara de una versión cruel del poema “El Embargo”, que nos legara José María Gabriel y Galán, se han abierto más de 400.000 casos de lanzamiento, así llaman ahora a los desahucios, desde que en el año de 2008 se iniciara la crisis, con un aumento del 20,6% en el año de 2012 con respecto al de 2011.
La preocupación ha tardado en calar en los grupos políticos que han reaccionado tarde, preocupados por el clamor popular, el drama social que supone para las familias afectadas y alertados por un informe elaborado por un grupo de jueces, solicitado al parecer por el Consejo General del Poder Judicial, y por otro informe de la Defensora del Pueblo.
Los magistrados, autores del informe, denuncian la utilización de una ley aprobada en 1909, precisamente para poder cobrar los créditos hipotecarios de forma rápida, que deja al deudor prácticamente indefenso ante un proceso ejecutivo extremadamente agresivo y la Defensora del Pueblo pide que se proteja a los deudores hipotecarios ante los desahucios y aboga por permitir a los deudores que, extraordinariamente, puedan mantener la posesión de sus inmuebles para evitar que se genere más exclusión social. Una Ley, la de 1909, que podría estar derogada, en todo o en parte, por otras posteriores de 1945 y 1946.
El Partido Socialista Obrero Español ha presentado una proposición de Ley contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia familiar para corregir el abuso del prestamista al quedarse con el dinero abonado por el deudor, con los intereses de demora, con los avales, solicitar la devolución de la vivienda, obligar al deudor a seguir pagando y proceder al desahucio. Sería suficiente, según esto, la dación en pago de la vivienda y en todo caso necesario un procedimiento judicial, con presencia de abogado, y un concurso de acreedores que impedirá el desahucio durante el procedimiento.
El Partido Popular defiende el Decreto-Ley del Gobierno de España de 9 de marzo de 2012, que establece un código de buenas prácticas que se basa en una especie de sistema de buena voluntad que ni obliga a los prestamistas, ni permite al deudor una clara defensa de lo interesado. La propia comisión de magistrados del Consejo del Poder Judicial cree que este Código ha fracasado por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas y a los beneficios y, por tanto, la aplicación de la Norma ha sido testimonial. Ha esta conclusión ha llegado también la Defensora del Pueblo que pide una reforma del Real Decreto, que a su juicio ha resultado insuficiente, y una modificación de otras leyes, como la de Enjuiciamiento Civil y la Hipotecaria.
Tanto gobierno, como la patronal de los bancos, como el PSOE, han formado grupos de trabajo para la reforma de la legislación hipotecaria. Los dos primeros con mudanzas tenues que amorticen el descontento social, el tercero con un cambio legislativo radical.
Las negociaciones no deben parar hasta conseguir la derogación de las Leyes que regulan el proceso de desahucio (Ley de 1909 y leyes posteriores, Ley de Enjuiciamiento Civil,…). Hasta redactar y tramitar una nueva Ley Hipotecaria y otras leyes actualizadas y acordes con los tiempos actuales. Hasta que se apruebe la obligación a la intervención judicial y a la asistencia de abogado. Hasta que se permita renegociar cada caso. Hasta que se autorice la dación como pago. Hasta lograr la retroactividad de los procesos de desahucios anteriores o una compensación justa (una solución sería recurrir al Tribunal Constitucional, pidiendo el amparo de los ciudadanos y ciudadanas desahuciados y la inconstitucionalidad de los procesos seguidos). Todas las mejoras serán bienvenidas pero sin estos mínimos, se habrá obtenido más bien poco.
Si el Gobierno de España pretende el rescate de los prestamistas, que estamos pagando entre todos, no es de recibo que no pretenda el rescate de los deudores, que pagan lo suyo y lo de los otros. Sobre todo si se trata de justicia social y de un derecho constitucional.
Si no hay justicia para el pueblo no habrá paz para los políticos.