La Corporación de la Diputación de Cáceres, reunida en pleno extraordinario, ha aprobado este jueves por mayoría, con la abstención del Grupo Socialista, una modificación presupuestaria por un montante que asciende a 4.157.651 euros y que servirá para que la Institución Provincial aumente las inversiones en la provincia a través de tres planes diferentes.
El plan de mayor cuantía, 3.500.000 euros, servirá para que el 100% de los ayuntamientos se puedan acoger a subvenciones para realizar inversiones en Infraestructuras. Según el portavoz del equipo de gobierno, Saturnino López Marroyo, “está destinado a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, es decir, obras de mejora de la calidad del alumbrado público, cementerios, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, accesos o pavimentación de vías públicas”. Las subvenciones serán de pública concurrencia y se distribuirán entre los municipios de la provincia con un límite de hasta 18.000 € para los municipios con población menor o igual a 5.000 habitantes, y de hasta 125.000 € en aquellos con población superior a esos 5.000 habitantes.
También habrá un segundo plan que pretenderealizar actuaciones urgentes en la red de carreteras provincial con un importe de 217.651 euros. Se afrontarán obras urgentes ocasionadas por las condiciones meteorológicas adversas sufridas en los últimos días.
En tercer lugar se destinarán 400.000 euros para la realización de obras de ahorro y eficiencia energética en diferentes edificios de la Diputación, la construcción de una sala multiusos en el Palacio Provincial, de una pista de padel y otra de voley en 'El Cuartillo' o la demolición de un pabellón en las inmediaciones del antiguo Complejo Sanitario Provincial así como reformas en el edificio 'Julián Murillo'.
Bajo nivel de endeudamiento
El portavoz López Marroyo, ha explicado que “este esfuerzo inversor, no previsto en los presupuestos, no proviene del recorte de ninguna partida presupuestaria sino de un estudio riguroso de las partidas de gasto corriente que ya no son necesarias de aquí a final de año y que no queremos que vayan a remanente porque no son indispensables para amortizar deuda”. La ordenación de las cuentas y la reorganización de la Diputación, que se inició a principios de esta legislatura, ha permitido “reducir ostensiblemente los altos niveles de endeudamiento que sufría la Institución y podemos centrarnos ahora en acometer un importante esfuerzo inversor”, añade López Marroyo.
La reducción del gasto se ha realizado racionalizando las partidas presupuestarias, no acudiendo a nuevas operaciones de crédito y, sobre todo, adelgazando estructuras. Esto ha permitido pasar de una deuda viva a 31 de diciembre de 2010 de alrededor de 106 millones de euros por préstamos y devoluciones y un nivel de endeudamiento del 106 % a una deuda viva, a 30 de septiembre de 2013, de 76 millones de euros por los mismos conceptos y un nivel de endeudamiento del 68%, es decir 30 millones de euros menos de deuda y un nivel de endeudamiento muy por debajo del permitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El pleno también ha aprobado por unanimidad una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y otra modificación presupuestaria:
1.- Modificación RPT del área de Intervención. Esta modificación viene a dar respuesta a una modificación necesaria en el área dada la alta carga de trabajo que se demanda por parte de las distintas áreas de la Diputación sobre el departamento de Intervención
2.- Ejecución de sentencia favorable a ex altos cargos. Esta modificación hace referencia al pago derivado de un complemento específico para altos cargos de la anterior corporación provincial tras la toma de posesión del actual equipo de gobierno. Según ha explicado López Marroyo, “cuando se procedió al cambio de altos cargos, la legislación autonómica nos obligaba al mantenimiento de un complemento específico para esos puestos, la paga íntegra durante nueve meses posterior al cese y la creación de un puesto similar al del momento del cese. Al entender que esos privilegios eran inasumibles, aplicamos la legislación nacional y los trabajadores afectados recurrieron”.
A pesar de que el actual equipo de gobierno nunca estuvo de acuerdo con esta medida, el juez encargado del caso entendió quela legislación aplicable era la de ámbito autonómico vigente en el momento del cese. Por tanto, el actual gobierno provincial se vio obligado al pago íntegro de los nueves meses, que ya fueron abonados. Lo que ahora contempla la modificación presupuestaria es el pago de la diferencia del complemento específico como dicta la sentencia judicial, además de la creación de los puestos correspondientes de jefatura de sección.
Por último, en el pleno se ha convalidado una resolución presidencial que establece la aplicabilidad del convenio colectivo del personal laboral desde mediados de septiembre y durante el periodo de negociaciones con los representantes de los trabajadores hasta llegar a un acuerdo.
Además, se ha tomado conocimiento de la renuncia de la condición de diputada provincial de Pilar Martín Bohoyo, que se incorporará en breve como diputada al Parlamento de Extremadura. La Corporación provincial le ha agradecido los servicios prestados y le ha deseado los mejores éxitos en su nueva etapa como diputada en la Asamblea de Extremadura porque, según el portavoz del equipo de gobierno, “esos serán también éxitos para los ciudadanos de Extremadura”.
