La última sesión celebrada por la Comisión No Permanente de Investigación del Incendio Sierra de Gata elevó el tono de sus intervenciones. Ya no eran técnicos, alcaldes de pequeñas localidades serranas o afectados los que daban la versión de los hechos ante los miembros de la Comisión. El pasado día 4 de abril, ocho altos cargos del anterior gobierno y del ejecutivo actual desfilaron ante los miembros de la comisión en una reunión que se prolongó durante nueve horas. En sesiones de mañana y tarde, respondieron a las preguntas de los miembros de la comisión: Pedro Muñoz Barco, director general de Medio Ambiente y Enrique Julián Fuentes, exdirector general de Medio Ambiente. Nieves Esteban Paz, secretaria general de Política Territorial y Administración Local, Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente y Rural. Pilar Blanco-Morales, consejera de Administración Pública y Hacienda, José María Vergeles, consejero de Sanidad y Políticas Sociales, Santos Jorna, exconsejero de Medio Ambiente y Rural y José Antonio Echávarri, exconsejero de Agricultura.
En esta sesión “se pusieron de relieve temas muy importantes”, declara a este digital Irene de Miguel, diputada regional de Podemos. Entre otras cuestiones, De Miguel resalta la actitud “inmoral” de Enrique Julián Fuentes, director general de Medio Ambiente con el gobierno del Partido Popular de José Antonio Monago.
Según declara la diputada regional, antes de ser nombrado director general de Medio Ambiente, “Enrique Julián trabajaba en la empresa familiar Ambienta”, dedicada a la prestación de servicios forestales. Una vez en el cargo, “Julián vendió a su hermano sus acciones y, entre 2013 y 2014 la empresa aumentó en más del doble sus beneficios gracias a firmar la contratación de muchísimos proyectos con la administración pública”, detalla De Miguel. “En plena crisis, --añade-- mientras otras empresas forestales se veían abocadas al cierre, Ambienta disparaba sus beneficios”. Durante la sesión de la Comisión “planteamos al señor Julian que no había sido escrupuloso en la concesión de los contratos porque si bien no es ilegal --es de segundo grado la relación familiar al tratarse de un hermano--, desde un punto de vista ético no entendíamos cómo podía haber firmado esos contratos”. En su opinión, la concesión de contratos a Ambienta “podrá ser legal pero no es moral y esto responde al sistema de cortijo con el que se ha venido gobernando y que no se puede permitir”.
Una segunda --y espinosa-- cuestión es la venta de la madera quemada o su prohibición. En opinión de De Miguel “se debe prohibir taxativamente la venta de la madera quemada porque hay que reducir al máximo la generación de negocio relacionado con un incendio”. Esta prohibición tiene un amplio número de detractores que mantienen que solo afecta a los que peor lo pasan y viene a agravar más si cabe la situación que atraviesa un agricultor forestal que ve cómo arde su monte. Para De Miguel “es necesario buscar la fórmula de resarcir al damnificado sin que pueda venderse la madera”.
En este sentido, De Miguel recuerda que un compareciente, Francisco Castañares, --presidente de la la Asociación Extremeña de Empresas Forestales de Medio Ambiente (AEEFOR)-- denunció durante su comparecencia el robo nocturno de la madera apilada cada mañana por las empresas responsables de los trabajos de limpieza. En este sentido, “el beneficio es del 100% para ésta persona que no ha invertido ni un duro, roba la madera quemada y la vende a continuación”. “Consideramos --continúa de Miguel-- que no se debe permitir la venta de una madera quemada en un incendio provocado”. “Cuanto menos dinero haya asociado a este drama, mejor”, añade. “Si el sector tiene una necesidad de madera, si el negocio de la madera necesita ese material, lo más factible es que quemes el monte”. Entre otras propuestas de uso para la madera quemada De Miguel propone su astillado o utilizarla para construir muros de contención que frene el desprendimiento del terreno quemado. “El Gobierno central no ha tenido la dignidad de sacar un decreto para apoyar a estas personas ni tampoco el Gobierno regional”. “Si la madera quemada no se puede vender, la administración tendrá que ayudar a los afectados, a los propietarios de estos montes quemados, pero esta ayuda económica debe venir desde la administración, no de la venta de la madera quemada”, insiste.
De Miguel se refiere también a todos aquellos empresarios que han visto su negocio arrasado por el fuego y habla de la situación surrealista que están viviendo los propietarios de Lalita, en Acebo. “La ayuda no tiene que ser exclusivamente económica porque existe otro tipo de ayuda igualmente necesaria”. “Es ridículo --añade-- que a un empresario se le exija presentar un informe de impacto ambiental para instalar una antena para conexión a internet vía satélite cuando su negocio ha sido arrasado”. En este sentido, de Miguel denuncia “la falta de canales de comunicación directa entre los afectados y la administración”.
En la raíz de los grandes incendios se encuentra, en opinión de la diputada regional, “la despoblación y el abandono del campo”. En este sentido es necesario “fomentar nuevos cultivos y fomentar también la salida comercial a las pequeñas producciones”. “Cuando una persona quiere montar negocio o una empresa en el mundo rural habría que tener una política prioritaria porque si no nos quedamos sin pueblos y sin lo que nos provee el mundo rural”, insiste.
En cuanto a los trabajos de extinción, De Miguel recuerda que “el incendio de Sierra de Gata es en el que más medios han intervenido, pero no por tener más medios se va a hacer mejor si falla la coordinación”. Durante esta sesión quedó de manifiesto, según de Miguel “que los protocolos de actuación son muy mejorables”. De hecho “ya se están implementando la realización de simulacros, como nosotros hemos venido pidiendo en distintas comisiones”. “Debido a nuestro contexto y a nuestra realidad forestal, los grandes incendios son hechos que van a suceder por lo que la realización de simulacros es básica para poder coordinarnos mejor”.
Irene de Miguel agradeció al exconsejero de Medio Ambiente y Rural, Santos Jorna “el trabajo de comunicación con los grupos parlamentarios durante el incendio”. “Nos llamaba todos los días para mantenernos informados”. En este sentido, tanto ella como el resto de diputados del grupo Podemos visitaron en distintas ocasiones la Sierra para interesarse personalmente por los afectados y las consecuencias de las llamas. Igualmente felicitó a Jorna por el convenio firmado con la Universidad de Extremadura. Sin embargo, De Miguel critica la falta de adecuación de la comunicación de la Junta con los afectados, en particular, y la población en general. De hecho “si en estos momentos estamos celebrando la Comisión de Investigación es precisamente por la falta de comunicación entre la Junta y la población”. Para ella, la emisión de notas de prensa no es suficiente y pone como ejemplo de buenas prácticas “la labor de comunicación que realizó el ayuntamiento de Moraleja a través de las redes sociales, fundamentalmente Facebook”.
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