El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato, y las Comunidades Autónomas acordaron ayer en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales la transferencia de más de 47 millones de euros para que las corporaciones locales puedan prestar servicios sociales de atención básica.
El crédito supone la ejecución de una de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de este mismo año, en concreto el Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de los entes locales. El importe se ha situado en casi 47.300.000 euros, una cantidad inferior a la de año anterior (el descenso es del 45,4%) como consecuencia del ajuste y la consolidación fiscal a la que se enfrentan las administraciones para adecuarse a los objetivos de déficit comprometidos.
Presidida por la ministra Ana Mato, la Conferencia Sectorial ha puesto en marcha un programa presupuestario para la red de servicios sociales de las corporaciones locales.
A pesar de la drástica reducción, el Gobierno “decidió que una transferencia como ésta, dedicada a la cobertura de servicios sociales básicos para el ciudadano, había que conservarla, y así, continuó con el Plan Concertado, cuyos objetivos son: dar a los ciudadanos servicios sociales adecuados para la cobertura de sus necesidades básicas; dotar de apoyo económico y ofrecer asistencia técnica a las corporaciones locales; y consolidar la red de servicios sociales municipales, con atención prioritaria a la ayuda a domicilio y la teleasistencia”, recoge la nota de prensa.
Catálogo de referencia de servicios sociales
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas han analizado un borrador de catálogo de referencia de servicios sociales con “el fin de asentar unos criterios mínimos de calidad comunes para toda la geografía nacional. El documento se estudiará también con el Tercer Sector”, informan desde el ministerio.
La tarea no ha resultado sencilla habida cuenta de la diversidad de legislación autonómica que hay sobre la materia y de las variadas estructuras de los organismos que en cada comunidad gestionan asuntos sociales.
Ha pesado en todo el proceso un objetivo claro: enumerar todos los servicios sociales que prestan las administraciones competentes, y se ha hecho en dos grupos:
Por un lado, las prestaciones básicas: de acceso universal, son preceptos establecidos en leyes estatales, que hacen referencia a prestaciones básicas o se ofrecen de forma generalizada en todo el Estado. Por otro lado, las prestaciones complementarias: las más especializadas y técnicas y las que se dirigen a determinados sectores de población. Vienen amparadas por la legislación autonómica.
A su vez, en el catálogo se distingue entre:
Prestaciones de servicios:
- Servicios de información, orientación, asesoramiento y diagnóstico tanto en atención primaria como en especializada.
- Servicios de valoración (Dependencia, Discapacidad e Inmigración).
- Servicios de atención telefónica (a menores, a mujeres víctimas de violencia de género, atención en e domicilio…).
- Intervención y apoyo a la familia.
- Protección de menores.
- Atención residencial.
- Atención psicosocial.
- Prevención e inclusión social.
- Protección jurídica.
Prestaciones económicas: rentas mínimas, ayudas de emergencia, ayudas a víctimas de violencia de género, a personas en situación de dependencia, para movilidad…).
