En un momento en que todo el viento parecía soplar a favor, la política ha vuelto a perder la oportunidad de reconciliarse con una ciudadanía deseosa de salir del saco sin fondo de la crisis económica, pero también preocupada por la forma en que queden miles de familias una vez superada esta.
Es desde luego preocupante el futuro incierto a que se verán sometidas las familias afectadas por el desahucio de su vivienda, una vez que no sólo pierden esta sino que quedaran sobreendeudadas, para el resto de sus vidas, al tener que continuar pagando la hipoteca y, además, los intereses de demora.
Sería mucho más justo entregar la vivienda, como pago de la hipoteca y todos los demás gastos derivados de ella, negociar el dinero pagado hasta ese momento y permitir que las familias afectadas puedan comenzar de cero, en una segunda oportunidad que podría contar con las ayudas de las instituciones públicas a un drama que ha dejado vidas en el camino, ha provocado alarma social y está adquiriendo una gran magnitud.
Pero además, y esto tendrá que verse en justicia, habrá que revisar cuando el incumplimiento del pago es realmente grave con respecto a su cuantía, duración y cantidades abonadas hasta el momento de la denuncia y también el abuso en los intereses de demora.
Revisar también, con carácter general, el interés en el techo y el suelo de las hipotecas, en tanto que su uso ha sido declarado excesivo por algunos tribunales, y eliminar las clausulas abusivas, pues además de las personas afectadas por los desahucios, se encuentran el resto de familias con hipotecas en vigor que, aún no estando afectadas por ellos lo pueden estar y, en cualquier caso, no tienen porque soportar normas que contradicen las leyes europeas.
En un momento en que a saber:
- Existe una apoyatura legal sobre el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- Se puede aplicar una legislación comparada con el resto de países europeos, más flexibles en este tema.
- Todos los partidos políticos se muestran a favor de un cambio radical en la forma de entender y plantear las hipotecas.
- Hay un descontento social de la ciudadanía en general en torno a las cláusulas abusivas y los límites del suelo y techo de los intereses.
- Son constantes las protestas de las asociaciones de afectados por los desahucios.
- Se ha generado alarma social.
- Se está cargando todo el peso de la crisis y de la burbuja inmobiliaria sobre las familias, acreedoras o no, dejando indemnes e, incluso, beneficiarios a los prestamistas y al sector financiero.
- Los problemas hipotecarios y de fondos de inversión indeseados están afectando a ciudadanos de todas las ideologías y militantes, simpatizantes y votantes de todo el espectro político nacional.
- Es creciente el descontento con los partidos políticos y la política.
- Hay una desconfianza generalizada hacia los bancos y la actividad bancaria.
Pues bien, cuando todos estos elementos juntos hierven en la conciencia colectiva ciudadana, está en tramitación un texto que no ha contentado a nadie y ha cerrado, parece en falso, la polémica sobre como puede quedar en un futuro cercano una legislación hipotecaria que debe sustituir a la existente que se tornó extremadamente dura con las situaciones de impago.
Dirigentes del Partido Popular han comentado que lo que se pretende, con esta Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social, es dar solución a personas que al haber perdido su puesto de trabajo no pueden pagar la hipoteca de su casa. Solo en estos casos extremos, ya que no se pretende solucionar los problemas de insolvencia personal, ni la disminución de ingresos. Con esto, aseguran, se beneficiaran a 120.000 familias.
Según dicen estos dirigentes, el principal punto de esta Ley es la suspensión de los desahucios para quienes cumplan los supuestos de vulnerabilidad, que se mide siempre que los ingresos no superen tres veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (19.000 € anuales) y obligar a los bancos a renegociar la deuda hipotecaria.
Pendientes de una lectura más pausada del texto, parece que efectivamente este aporta mejoras sobre los ahora existentes al ofrecerse como solución a las familias que se demuestren legalmente como más vulnerables, flexibilidad para los nuevos créditos hipotecarios y más independencia para que las tasadoras de la vivienda puedan ejercer su trabajo. El desalojo de la vivienda comenzará a partir del tercer impago, se limitan los intereses de demora y habrá un primer bloque de viviendas para alquiler social (6.000).
La votación del texto lo ha sido en la Comisión de Economía del Congreso con los votos a favor del Partido Popular y en contra del resto de representantes de los partidos de la oposición componentes de la Comisión. Nos ha extrañado que no haya sido debatida y aprobada en el Pleno del Congreso dada su notoriedad e importancia. A partir de ahora, pasará al Senado, donde todavía puede enmendarse, hasta su aprobación definitiva.
Los partidos de la oposición defendieron la iniciativa popular de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, sobre la dación de la vivienda en pago de la deuda, paralización de los desahucios y la puesta en marcha de alquileres sociales, a lo que socialistas e izquierda unida añaden el texto del decreto de la Junta de Andalucía para legalizar la expropiación temporal de las viviendas que hayan sido adquiridas por los bancos mediante desahucios.
Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago de la vivienda afectada por la hipoteca, han pedido retirar esta propuesta presentada en el Congreso de los Diputados, que había sido aceptada a trámite tras la recogida de un total de 1.402.854 firmas, al comprobar que no se ha tenido en cuenta esta dación en pago retroactiva, ni la aprobación de un plan real de viviendas de alquiler social, ni la paralización de los desahucios hasta sentencia definitiva.
A juicio de los grupos de oposición en este texto, se debían haber establecido mecanismos que facilitaran a las familias desahuciadas una segunda oportunidad para rehacer sus vidas, la dación de la vivienda en pago de la deuda, excluyendo de ello únicamente a aquellos que se pudiera demostrar su solvencia y capacidad económica, la expropiación de pisos vacíos en un momento en que, según el INE, hay 3,5 millones.
No es lo mismo demostrar que sé es vulnerable para acogerse a los beneficios de la Ley, en una larga tramitación que puede ser negativa, que demostrar que existe solvencia, ante una petición de vulnerabilidad, cuyo peso en la demostración caería en la parte financiera.
En cuanto al desalojo de la vivienda, que comenzará a partir del tercer impago, y la limitación en la cuantía de los intereses de demora hay que tener en cuenta la legislación europea sobre las cláusulas abusivas y la necesaria intervención judicial, así como la recomendación de que los intereses deben estar sujetos a los que ordena la Unión Europea en ese momento.
Magistrados del Supremo y de Tribunales Superiores se reunirán, a principios de mayo, con el objetivo de coordinar la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de consensuar criterios orientativos que la ordene para todo el territorio nacional.
Recientemente la Audiencia de Burgos ha dictaminado que no se puede lanzar un desahucio mientras la justicia no anule unas cláusulas abusivas que cargan todo el coste del desahucio sobre las familias afectadas y una encuesta afirma que un 89% de ciudadanos apoyan las protestas de los afectados y un 75% están a favor de la Plataforma y de su lideresa Ana Colau