jueves. 28.03.2024

Reforma Administrativa y Buen Gobierno

Para paliar los efectos de la actual situación económica, las Comunidades Autónomas han fijado entre sus objetivos la estabilidad y el equilibrio presupuestario, junto con el mantenimiento del gasto social y de la inversión productiva necesaria para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Para paliar los efectos de la actual situación económica, las Comunidades Autónomas han fijado entre sus objetivos la estabilidad y el equilibrio presupuestario, junto con el mantenimiento del gasto social y de la inversión productiva necesaria para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Con esta finalidad se han aprobado planes y normas que tienen por objeto la restructuración y adelgazamiento de los órganos de las distintas Administraciones Autonómicas como respuesta a la imperiosa necesidad de racionalizar y contener el gasto público. Este tipo de medidas nos obliga a plantearnos dos cuestiones de especial trascendencia para el futuro de Extremadura: la “reforma administrativa” y el “derecho a una buena administración”.

Comenzando por la “buena administración” hay que indicar que su reciente reconocimiento como derecho se produce en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (Carta de Niza) incorporándose posteriormente al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Asimismo, se introduce en el ordenamiento extremeño con la reforma del Estatuto de Autonomía al exigir criterios de calidad en la prestación de los servicios públicos, la celeridad y transparencia administrativa, la simplificación de trámites y la sencillez y claridad de sus normas, acuerdos y actos.

Aquí nos interesa destacar que el reconocimiento del derecho a una buena administración supone situar al ciudadano en una posición central en sus relaciones con los poderes públicos. En consecuencia, serán precisas “reformas administrativas” encaminadas a lograr unas administraciones al servicio de los ciudadanos, de la sociedad y de la recuperación económica. Son indispensables mejores procedimientos, mejores normativas y mejores resultados.

Mejores procedimientos exigen la “simplificación”, “mejora” y “modernización” de los procedimientos administrativos. Es menester un nuevo marco jurídico que conlleve un impulso en la reducción de los trámites, tanto para la promoción de proyectos públicos de carácter productivo como para la constitución e implantación de nuevos negocios y empresas, la eliminación de cargas administrativas que no sean imprescindibles y la reafirmación de la apuesta por la Administración Electrónica. En este sentido, supone un primer paso, en la dirección adecuada, la Ley LINCE que tiene por finalidad el fomento de la actividad económico empresarial en Extremadura mediante el Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas.

Mejores normativas demandan acabar con el fenómeno creciente de la degradación de la Ley y de la inseguridad jurídica. El problema no es solo de inflación legislativa (“leyes desbocadas”), ni tampoco la creciente complejidad normativa, sino algo más grave como es la proliferación desordenada de leyes oportunistas, banales, fugaces o coyunturales (“leyes desechables”, “leyes de neutrones legislativos”, “leyes en estado gaseoso”). Por ello, debe recuperarse el concepto de la Ley como instrumento político y como garantía de los derechos de los ciudadanos. A través de la misma se enuncian los principios rectores de nuestra convivencia y el legislador muestra a la sociedad las líneas fundamentales de su voluntad política y la capacidad para organizar la convivencia y asegurar su prosperidad.

Mejores resultados implican gobiernos y administraciones inspirados en objetivos y dirigidos a los resultados, basados en criterios de eficacia, innovación y flexibilidad. Un gobierno cercano, útil, inspirado en objetivos, con programas y proyectos inmediatos y flexibles, dirigido a los resultados, con evaluación de los programas y proyectos, competitivo, inyector de la competencia en la prestación de servicios, inspirado en los principios de cooperación y coordinación, orientado al mercado, eficiente, con un mejor aprovechamiento del dinero y con un mayor desarrollo económico.

Y, en estos momentos en los que nos hemos visto sacudidos por una profunda crisis económica, los poderes públicos, los gobiernos y administraciones deben esforzarse por actuar como motor de recuperación económica, creando instrumentos que generen confianza en los ciudadanos e impulsen la actividad privada. En definitiva, aquí y ahora, adquiere plena virtualidad la lucha por una sociedad democrática avanzada con una administración moderna capaz de afrontar los retos del nuevo milenio.

Reforma Administrativa y Buen Gobierno