UPA-UCE denuncia que los nuevos cambios en la PAC suprimen los derechos de plantación de viñedos

Las viñas que sean arrancadas a partir del 1 de enero de 2016 ya no generarán derechos de plantación, sino autorizaciones administrativas que si el titular no las utiliza en un plazo máximo de tres años (sin posibilidad de ser transferidas a otro viticultor), las perdería el agricultor y la Comunidad Autónoma

Desde la organización denuncian la falta de información a los productores por parte de la Administración Regional. El año 2015 será el último en el que los arranques se transformen en derechos de plantación (a partir de 2016 el arranque de plantaciones de viñedo dará lugar a autorizaciones no transferibles), por lo que desde UPA-UCE demandamos al Gobierno extremeño que informe al sector con el objetivo de que Extremadura no pierda potencial productivo.

La supresión de los derechos de plantación y el nuevo sistema de autorizaciones suponen un cambio y repercusiones muy importantes para el sector, por lo que desde UPA-UCE "hemos mostrado nuestra preocupación ante el nuevo sistema de autorizaciones que comienza a partir del 1 de enero de 2016 y que sustituye a los derechos de plantación".

Este nuevo sistema ya contó con el rechazo de UPA-UCE por la pérdida patrimonial que supone la desaparición de los derechos de plantación, la imposibilidad de la transferencia de las autorizaciones entre viticultores y el escaso período de validez de dichas autorizaciones (3 años).  

Esto significa que las viñas que sean arrancadas a partir del 1 de enero de 2016 ya no generarán derechos de plantación, sino autorizaciones administrativas que si el titular no las utiliza en un plazo máximo de tres años (sin posibilidad de ser transferidas a otro viticultor), las perdería el agricultor y la Comunidad Autónoma. Por ello, desde UPA-UCE Extremadura "reclamamos que se articulen mecanismos para que el agricultor no pierda su patrimonio y la Comunidad Autónoma mantenga su potencial productivo en el sector vitivinícola".

Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2016 las autorizaciones se podrán obtener de tres formas diferentes: por conversión de los derechos de plantación, por nueva plantación (posibilidad que otorga el reglamento europeo de la OCM única, con un cupo del 1% anual sobre la superficie plantada de cada país), y por arranque de una plantación previa.

En cuanto a la conversión de derechos de plantación concedidos antes del 31 de diciembre de 2015 al sistema de autorizaciones el Ministerio tiene una propuesta de borrador de Real Decreto, en el cual se contempla que las solicitudes para dicha conversión se podrán efectuar a partir del 15 de septiembre de 2015. También se incluye, que la fecha de finalización de esas solicitudes se amplíe al 31 de diciembre de 2020, ampliación que posibilita el propio reglamento comunitario y que había sido reclamada previamente por UPA.

Con respecto a las autorizaciones para nuevas plantaciones, establecido anualmente en el 1 % de la superficie realmente plantada, UPA ha solicitado que se establezca el mecanismo de salvaguardia que contempla la normativa comunitaria, al efecto de poder aplicar un porcentaje menor (UPA plantea el 0 %) al menos a corto y medio plazo, es decir hasta el 2020 con objeto de evitar el riesgo de una oferta excesiva en relación con las perspectivas de mercado y hasta que los viticultores no perciban unos precios justos por la uva que cubran al menos los costes  de producción. Además, hay que tener en cuenta que actualmente existen 81.600 derechos de plantación que deberán plantarse en los próximos años, lo cual va a incrementar de manera notable ya nuestro potencial de producción y que además va a provocar una gran demanda de planta, muy escasa en estos momentos. UPA considera que a partir de 2020 se vuelva a valorar la situación del potencial productivo y las perspectivas de mercado para considerar un posible porcentaje para las nuevas plantaciones en función de la coyuntura en esos momentos.

Por último, y de cara al reparto de unas posibles futuras autorizaciones de nuevos cupos de plantación, UPA ha reclamado al Ministerio que tanto los criterios de admisibilidad y los de prioridad que se establezcan se orienten hacia los viticultores profesionales y con unos criterios objetivos y salvaguardando los intereses de las denominaciones de origen y las IGP.

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