El siglo XIX (IV). Isabel II (1833/1868)

El indeseable Fernando VII falleció en 1833. Se había casado cuatro veces pero sólo había tenido dos hijas, de su cuarta esposa y sobrina María Cristina de Bordón Dos Sicilias. Esas niñas tenían tres  y dos años de edad. El primer Borbón español, Felipe V, había introducido en España la llamada Ley Sálica que impedía el acceso de las mujeres al trono. Fernando VII la había anulado para que su hija mayor, Isabel, pudiera ser reina; pero Carlos, el hermano del rey, no admitió esa anulación y dijo que el rey era él. La reina viuda y regente en nombre de Isabel se tuvo que apoyar en los liberales; Carlos en los absolutistas. El enfrentamiento entre ambos dio lugar a las guerras carlistas

Convento de Hoyos dibujado por Agustín Flores
Convento de Hoyos dibujado por Agustín Flores

Aunque el arrebato antiducal de los acebanos y el malhadado destino del archivo de Gata pudieran hacernos pensar lo contrario, lo cierto es que la cosecha liberal arraigó poco y mal en la comarca. Era lógico dados los condicionamientos socioeconómicos: sociedad rural fuertemente jerarquizada. 

Por eso, cuando murió Fernando VII, el ayuntamiento de San Martín de Trevejo y los principales vecinos de la villa proclamaron rey al infante don Carlos a instancias del corregidor de Jálama don José María León de Argos. Debió ser uno de los primeros pueblos que lo hicieron. Pero escarmentados del destino final fusilamiento del empleado de Correos don Manuel González, que se había sublevado en Talavera de la Reina para hace lo mismo, hubieron de apresurarse a hacer desaparecer el acta correspondiente y silenciar al pueblo y evitar así las consecuencias que son fáciles de imaginar. 

Sospechamos que San Martín no debió ser el único pueblo de la comarca que se pronunciara a favor de don Carlos. Éste, que tenía establecido su cuartel general en Almeida, localidad portuguesa relativamente próxima a la frontera española, debió de tener por aquí agentes que hicieron campaña en su nombre. Además de los no muy convencidos y apresurados carlistas mañegos conocemos el nombre de otros dos, ambos gateños: don Juan Guillén Calderón de la Barca, quien fue confesor del pretendiente a quien siguió en Portugal y en “las provincias” (el País Vasco), y un sobrino y homónimo de ese Juan Guillén quien siguió al infante después del abrazo de Vergara. 

Hay además motivos sobrados para pensar que la mayor parte de los curas eran carlistas. El gobernador militar de Ciudad Rodrigo escribió al eclesiástico en octubre de 1833 quejándose de la actitud de algunos párrocos que acompañaban hasta la raya de Portugal a los desertores españoles y de que otros hacían propaganda en favor del Pretendiente. En febrero de 1834 una Real Orden dirigida al obispo insistía en el “mal espíritu que reina en los individuos del clero de la diócesis,...,de las relaciones sospechosas que mantienen con algunas personas residentes en el vecino reino de Portugal y de las criminales esperanzas que fomentan”. 

Por estas circunstancias la comarca volvió a estar en pie de guerra. A finales de 1833 llegaron a Ciudad Rodrigo los generales isabelinos Corondelet y Rodil para preparar la expedición que arrojase a don Carlos lejos de la frontera portuguesa y a ser posible de Portugal. Mientras la invasión al país vecino se iba fraguando el general Rodil recorrió los pueblos de la Sierra estudiando sus posibles defensas. Consta que estuvo en Gata. Como la expedición fue breve, se inició el 15 de Abril y el 7 de Junio ya se celebran acciones de gracia “por la conclusión de Portugal”, no se sufrieron demasiados sobresaltos. 

Pero si se concluyó “lo de Portugal” no fue fácil acabar con las partidas que se movían en la Sierra; no sabemos muy bien si eran carlistas o eran campesinos a quienes la desamortización de los bienes eclesiásticos había dejado sin tierras de cultivo y que se habían visto, por ello, obligados a lanzarse al monte. Hablaremos de ellos más adelante. 

En 1835 triunfaba en Madrid, en medio del escándalo, una obra de teatro, “Don Álvaro o la fuerza del sino” escrita por el duque de Rivas. Suponía la consagración del Romanticismo en España. No sabemos muy bien si este duque con grandes exilios a sus espaldas era un político metido a literato o un literato metido a político. La verdad es que a la par que le sonreía el éxito en el mundo de las letras tampoco le iba mal en el de la administración pública. En una de las numerosísimas crisis de gobierno que se produjeron durante la minoría de edad de Isabel II, en mayo de 1836 Istúriz fue encargado de formar gobierno. Al duque de Rivas se le encomendó la cartera de Gobernación. 

En agosto, un par de sargentos semianalfabetos se presentaron, medio borrachos, ante la reina gobernadora y le exigieron que restableciera la Constitución de 1812, tal como se les había mandado por los jefes de la conspiración. (Como los sargentos vieron la buena disposición de la reina, puro miedo en realidad, y ya por iniciativa propia pidieron algo más sensible: que rebajase el precio del tabaco). A consecuencia de este motín, ocurrido en el palacio de La Granja cayó el gobierno y hubo un cierto descontrol popular. Los ministros huyeron como pudieron, e Istúriz por ejemplo no paró hasta llegar a París, aunque fuera por un camino tan largo como el de Lisboa. El duque de Rivas no pudo huir a tiempo y tuvo que esconderse. Así permaneció durante un mes. Finalmente, el general Seoane, hombre fuerte del nuevo gobierno se apiadó de él (hoy por ti, mañana por mí), le proporcionó pasaporte para Portugal y un oficial de escolta para que le acompañase hasta Guarda. En el viaje hacia la ciudad portuguesa pasó por Gata donde se hospedó en casa de Don Pedro Hontiveros, a quien ya vimos acudiendo presuroso a socorrer a los mirobrigenses cuando la guerra de la Independencia, y que debía ser algo así como un posadero de lujo, puesto que con anterioridad ya había acogido en su casa además de al general Rodil, citado hace un momento, al también general Sarfield, al cura Merino y al Empecinado. Años después y como premio a tanta hospitalidad fue nombrado senador. (Su casa, notable en muchos aspectos y con un rico mobiliario, está hoy en ruinas). 

Ya hemos hablado del Corregimiento de Jálama, que tenía su sede en San Martín de Trevejo y que puede considerarse como el primer organismo moderno que en cierto modo unificó a la comarca. 

La idea liberal, entonces revolucionaria, de que todos los hombres son iguales ante la ley tenía su consecuencia lógica en considerar que todos los territorios debían ser también iguales ante la ley, sin que valieran privilegios o fueros. Era, pues, preciso modificar la organización territorial del país dividiéndolo en circunscripciones jurídicamente uniformes y sometidas al poder central.  En virtud de esas ideas en 1833 se ordenó la conocida división de España en 49 provincias. Como casi todo lo que en España es eterno, aquella división tuvo carácter provisional. A raíz de ella pasaron a integrarse en la provincia de Cáceres, San Martín de Trevejo, Villamiel, Trevejo, Robledillo de Gata y Descargamaría, que unas veces habían sido de la provincia de Ciudad Rodrigo y otras de la de Salamanca. 

No sabemos muy bien porqué, tal vez por la inicial actitud procarlista del ayuntamiento de San Martín de Trevejo, lo cierto es que en 1834 al crearse los partidos judiciales, se suprimió el recién nacido corregimiento de Jálama y se trasladó la capital del partido a Gata, donde tampoco duraría demasiado, a lo mejor o a lo peor, según quien lo diga por los mismos motivos. 

Como quiera que los ayuntamientos de la época eran sumamente heterogéneos y en ellos podía haber, o no, regidores perpetuos, vitalicios, anuales, bienales, nobles y plebeyos, veinticuatros, jurados, alféreces, síndicos de todo tipo, y etc., un Real Decreto de 1835 suprimió todos estos cargos, que en la mayor parte de los casos no eran más que simples privilegios, y ordenó que en lo sucesivo los ayuntamientos se habían de componer únicamente de alcaldes, tenientes de alcalde, regidores (actuales concejales) y procurador síndico (algo así como un encargado de que el abastecimiento de lo más indispensable no faltase). Todos esos cargos debían ser elegidos por el pueblo aunque el correspondiente gobernador político de la localidad (delegado del gobierno) pudiese destituirlos. Se conservarían los Ayuntamientos en las localidades donde ya existieran y se podrían crear otros nuevos en las localidades de más de cien habitantes. Como consecuencia de esa disposición legal perdieron su personalidad jurídica propia las antiguas entidades de población en gran parte ya simples despoblados de Torre de la Mata, San Pedro, Villalba, Puñonrostro y Puñosa. 

La tendencia centralizadora se reforzó con la Constitución de 1837. De ella resultó la desaparición de los gobernadores políticos y militares que había en cada ayuntamiento. El de Gata, del que sabemos que cesó ese año, debía ser caballero de las Ordenes militares, cuyo Consejo le nombraba, y además de presidir el ayuntamiento ejercía funciones similares a las que hoy desarrolla el juez de paz.        

En 1840 la capital del partido judicial se trasladó de Gata a Hoyos. ¿Procarlismo de los gateños, como ya hemos insinuado? ¿Asesinato del juez de Gata y en Gata, como dice una tal vez malvada tradición? ¿Mejor situación geográfica de Hoyos? 

Durante la primera guerra carlista y con el triple fin de: allegar fondos para sufragar la campaña, quitar poder e influencia al clero que seguía siendo eminentemente carlista y crear una clase de nuevos propietarios afín a las ideas liberales, el gobierno decretó la venta de los bienes eclesiásticos. 

Dejando a un lado la polémica sobre si la desamortización de dichos bienes fue un inmenso latrocinio como dijera Menéndez Pelayo o si fue la gran ocasión perdida para realizar una auténtica y eficaz reforma agraria, como dijera Joaquín Costa (pudo ser las dos cosas), lo cierto es que la desamortización provocó una pérdida irremediable de una parte notabilísima de nuestro en ese nuestro puede incluirse toda España patrimonio artístico. 

La desamortización de los bienes eclesiásticos se hizo en dos fases. La primera comenzó por los Decretos de 19 de febrero y de 5 y 8 de marzo de 1836 en los que se declararon suprimidos los monasterios y conventos de religiosos de ambos sexos que tuviesen menos de 20 miembros y la venta de los bienes de las instituciones suprimidas. Como no estaba muy claro que bienes podían ser vendidos y el respeto que la gente ha tenido a los objetos de culto limitase las ventas, el gobierno surgido tras el motín de los sargentos de La Granja tuvo que aclarar que estaban en venta no solo los edificios sino también las campanas, alhajas, muebles y todo cuanto se encontrase en las casas religiosas suprimidas. De ahí derivó la gran destrucción del patrimonio artístico e histórico. Larra, tan poco sospechoso de integrismo, escribía con cruel ironía en su famoso artículo “El día de difuntos de 1836”: “Ellas también, las campanas, han alcanzado su última hora, y sus tristes acentos son el estertor del moribundo; ellas van también [a morir] a manos de la libertad, que todo lo vivifica, y ellas serán las únicas en España ¡¡Santo Dios!! que morirán colgadas”. Si no colgados algo sí debiera haberse hecho con quienes por un mal entendido laicismo se convirtieron en depredadores de nuestra Historia. 

Las imágenes del convento del Hoyo en Gata fueron a parar a: “El Padre Eterno, La Dolorosa y un Crucifijo, en Perales; San José en el oratorio de los señores Guillenes en esta Villa; San Francisco de Asís, en la ermita de San Blas; otro San Francisco y la Cara de Dios, en esta iglesia; un Niño Jesús en las monjas de Coria; otro en Peñaparda; San Antonio y Santa Rosa de Viterbo, la Virgen de Monteceli y un pie del canónigo purpurado don Clemente Paterna en El Palancar”. 

Del de Hoyos se dijo que fue “destruido por su comprador, doceañista empedernido entonces, más que para con sus despojos construir unas casuchas para sus obreros, porque como decía otro ricacho del lugar, su compinche, quitando el nido no volverían los pájaros”. Hoy sólo queda de él la puerta de acceso al antiguo recinto religioso sobre la que puede verse el escudo de su fundador: el benemérito Pablo Pérez.

El proceso de venta y de destrucciónreconversión debió ser bastante rápido. Según los datos recogidos por Madoz, de todos los conventos de nuestra comarca únicamente el de San Martín de Trevejo se mantuvo en pie. Tras pasar por las manos de varios particulares su propiedad vino a recaer, por compra, en el canónigo de León, don Marcelino del Rivero, quien fundaría en él un asilo de ancianos a finales de siglo. Volveremos a hablar de este convento más adelante. 

De los demás conventos de la comarca apenas si quedan las ruinas.

La segunda fase de la desamortización de los bienes eclesiásticos comenzó el 11 de junio de 1848, cuando el gobierno presidido por Narváez decretó la venta de los bienes de las órdenes militares, la de San Juan de Jerusalén incluida pese a su carácter soberano y supranacional. Pasaron así a manos particulares, por la venta de los bienes de las órdenes de Alcántara y San Juan, la mayor parte de las dehesas de la comarca y a precios realmente irrisorios. La de San Pedro (Villamiel), por ejemplo, de la que hemos hablado al referirnos al Libro del Bastón, se vendió por 45.100 reales pagaderos en diez plazos anuales. Hemos oído decir que su comprador, don Pedro Vidal, amortizó su importe el primer año gracias a una venta de madera. Alguna de esas ventas dieron lugar a curiosas situaciones jurídicas aún hoy subsistentes.

Ya hemos dicho en otro lugar que la Orden de San Juan tenía por costumbre ceder terrenos para que fuesen plantados olivos sólo olivos reservándose ella los pastos, una vez recogidas las aceitunas. La mayor extensión de terreno así cedida estaba en Torrelamata (San Martín de Trevejo). Por eso, cuando se llevó a la práctica el decreto de Narváez, en Torrelamata no se pudo vender más que la parte no poblada de olivos y el derecho a los pastos en la zona que sí lo estaba ya que los olivos eran de propiedad particular.  De ahí la curiosa situación actual: el suelo tiene unos propietarios y el vuelo, los olivos, otros. 

En cualquier caso la compraventa de Torrelamata fue algo anómala. Como ya había gente que era propietaria parcial de ella, y el omnipresente don Pedro Vidal andaba por medio, la reglamentaria subasta alcanzó precios desusados: nada menos que 486.769 reales, más de diez veces que lo pagado por la dehesa de San Pedro con una superficie ligeramente inferior a la mitad (823,3 fanegas Torrelamata y 347,25 fanegas San Pedro). Hubo de hacerse un consorcio de compradores entre los vecinos más pudientes de San Martín. Formaron parte de él don José Flores, don Marcelino Godínez, don Clemente Ferrazón, don Ramón Gordillo, don Domingo Flores y doña Carlota Ravonet (viuda de don Paulino Godínez).  

En la misma época se vendieron Villalba, Casablanca y la Nava del Rey en Villamiel y El Soto en San Martín. 

Si mala, desde el punto de vista económico, fue la desamortización de los bienes eclesiásticos peor fue que hoy conocemos como desamortización civil. En mayo de 1855 el Ministro de Hacienda, Pascual Madoz, hacía aprobar una Ley General de Desamortización, que afectaba casi únicamente a los bienes de propios de los Ayuntamientos. Se aplicó con gran celeridad y hubo numerosos compradores porque en esta ocasión no había problemas de conciencia, como había ocurrido -en ocasiones- con los bienes de la Iglesia. El gobierno de la Unión Liberal de O’Donnell, con una ideología menos progresista y ante las revueltas campesinas (en la cuenca del Duero, por ejemplo, se quemaron las cosechas como protesta ante el hecho de que unos trabajasen y otros se quedasen con el fruto) la suspendió en 1856, pero el mal ya estaba consumado y los pueblos se empobrecieron aún más. 

Aunque en la Sierra nunca fue excesiva la amortización eclesiástica, esto es: la vinculación de la tierra a la Iglesia no era mucha y por ello la mayor parte de la gente tenía algo (el huerto, la pequeña viña) para poder subsistir, pero había otros que carecían de lo más elemental  y muchos sobrevivían con el arrendamiento de alguna pequeña propiedad de la iglesia. Con la desamortización de los bienes eclesiásticos la tierra cambió de dueño, en nuestro caso para peor, y las penosas condiciones económicas de los más menesterosos se agravaron. Antes de ella, los campesinos pagaban un foro o censo a la iglesia y se quedaban con el producto de la tierra; después, o tuvieron que tomar las tierras en arriendo bajo las condiciones más duras que el nuevo amo impuso, o -lo que era más grave- se convirtieron en jornaleros cuyo único recurso era una corta retribución los días que trabajaban. 

El descontento del campesinado fue general. Aquí no hubo -que sepamos- revueltas, como en algunos pueblos de Andalucía, pero al igual que allí a los desesperados, a los indigentes no les quedó más camino que el de la marginalidad social. Los más débiles optaron por la mendicidad; otros, dada nuestra situación fronteriza, se dedicaron al contrabando; y unos pocos, los menos, se lanzaron al puro y simple bandidaje disfrazado en ocasiones como carlismo, y decimos que el bandidaje se disfrazaba de carlismo porque es sintomático que las esas partidas de bandoleros aparecieron o se reactivaron inmediatamente después de las desamortizaciones. 

En 1.835 se capturó a Simón Cordero Obregón, jefe de una de esas partidas presuntamente carlistas; al año siguiente se anunció la desarticulación de otra que en sus actuaciones llegaba hasta el Tajo, pero que tenía su base en los montes de San Martín de Trevejo y Villamiel; en septiembre de 1839 eran detenidos en San Martín de Trevejo, Silvestre Martín -conocido como El Manso- Juan Mariño, Benito Frade y Santiago Fernández, quienes habían alcanzado una triste notoriedad en toda la Sierra por sus tropelías y latrocinios. Después del convenio de Vergara, que supuso el final de la guerra, los integrantes de las partidas fueron considerados como puros y simples bandoleros; fue el caso de Miguel Sánchez “el Medina” fusilado en 1840, o el de “el Montero” de Hoyos y su compañero Blas Boada “el calderero de Villamiel” o el de un tal Centeno, todos los cuales sembraron la inquietud en la Sierra. Casi todas las partidas desaparecieron cuando poco después se creó la Guardia Civil; habría, no obstante, un nuevo rebrote del bandolerismo en la década siguiente.

Por si fuera poco, en el país vecino las cosas no iban mucho mejor y con frecuencia los portugueses se internaban en la Sierra para apañar cuanto pudieran. Los de Zarza la Mayor, que eran de los más sufrían las acciones portuguesas hubieron de formar en 1841 una patrulla de escopeteros para vigilar la frontera. Su éxito debió ser relativo, pues consta que al año siguiente la cuadrilla de un portugués apodado Semental secuestró propietarios en Cilleros, Moraleja, Robledillo de Gata, etc. a quienes llevó a Portugal. Exigió por su rescate de sesenta mil a ochenta mil reales.

Como consecuencia de la desamortización civil los antiguos baldíos de los pueblos, tan útiles y necesarios para los pequeños propietarios rurales, pasaron a manos particulares en su gran mayoría y muchos de esos pequeños propietarios quedaron reducidos a la indigencia. No debe, pues, sorprendernos que entonces se reactivase el bandolerismo.  Un ejemplo: en 1856 era  capturado en Torre de don Miguel un tal Francisco Hernández, alias El Lobo, que se dedicaba al bandidaje con -hasta ese momento- notable éxito.