jueves. 30.05.2024

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas anuncia la supresión de las 1.432 mancomunidades que existen en España

Las Diputaciones gestionarán las competencias municipales de aquellos ayuntamientos que, al incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no puedan prestar "con eficacia y eficiencia" los servicios públicos. Hace un mes el Secretario de Estado, Antonio Beteta, planteaba la unión forzosa de los pueblos menores de 20.000 habitantes y ahora anuncia la supresión de las uniones voluntarias. En cualquier caso, volvemos a Cáceres de gestiones

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado la “supresión de todas las mancomunidades”, --1.432 en toda España--, con o sin el acuerdo del resto de grupos políticos y dentro del marco de la reforma de la Administración Local. Los veinte pueblos de la Sierra de Gata están agrupados en la Mancomunidad Integral de Municipios Sierra de Gata.

Las mancomunidades integrales (o no) de municipios son uniones voluntarias de los pueblos que persiguen beneficiarse del pago en común de servicios demasiados caros para cada uno de ellos. Por ejemplo, la basura, la gestión de talleres de empleo y escuelas de oficios, el servicio de deportes y los servicios sociales de base, el arreglo de caminos, la oficina de gestión urbanística o de rehabilitación. Algunos son básicos, otros prescindibles, pero todos en conjunto son fundamentales para equiparar la calidad de los servicios en las zonas rurales a la calidad de los servicios que gozan en las ciudades.

Las mancomunidades prestan dos bloques fundamentales de servicios: básicos para la población y de calidad de vida.

Los primeros dotan a los municipios de servicios sin los cuales Extremadura sería una región tercermundista y los segundos aumentan la calidad de vida de los habitantes de las pequeñas poblaciones.

En el primer bloque de servicios se encuentran la recogida de basuras, la gestión de residuos, el parque de maquinaria, los servicios sociales de base para los mayores, la oficina de urbanismo y la oficina protección y catalogación del patrimonio y la gestión de las depuradoras de aguas residuales, entre otros. Estos servicios son financiados total o parcialmente por el gobierno regional --y complementados con las cuotas de los ayuntamientos-- que destina partidas para la contratación de los profesionales necesarios. ¿Cómo se va organizar la prestación de estos servicios? ¿Desde dónde se va a realizar su gestión?

El segundo bloque de servicios son los que permiten a las zonas rurales acercarse al nivel de calidad de vida de las ciudades: atención a la familia, oficina de la mujer, servicio de psicólogo, servicio de deportes, incluso, apoyo a las fiestas locales y acceso a formación gratuita o subvencionada para los desempleados, charlas y talleres. Estos profesionales trabajan en el territorio y los vecinos pueden resolver sus problemas, dudas o necesidades sin salir de la comarca.

Si la desaparición de las mancomunidades implica la eliminación de estos servicios, las zonas rurales perderán calidad de vida y el objetivo de fijar población se vería seriamente dañado. Si además de este bloque se elimina la prestación básica de servicios, volveremos a vivir en una Extremadura tercermundista.

El gobierno quiere que las Diputaciones asuman “las competencias de aquellos ayuntamientos que no cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria”. ¿Y qué pasa con los ayuntamientos que cumplen la Ley? ¿Van a perder las ventajas económicas que supone la unión para afrontar gastos? Por otro lado ¿Cómo se puede prohibir la unión voluntaria de los pueblos para la gestión de sus servicios?

Hace un mes la noticia era que el Gobierno estudiaba la posibilidad de la unión forzosa de las localidades menores de 20.000 habitantes, ahora quiere eliminar “con consenso o sin él”, la unión voluntaria de los pueblos.

¿Nadie piensa desde la Secretaría de Estado en los verdaderos problemas prácticos de cada día? ¿Nadie sabe en Madrid que en zonas rurales como la Sierra de Gata más de la mitad de la población es mayor de 65 años? ¿A qué oficina se van a dirigir ahora para resolver sus necesidades sociales? ¿dónde acudirán las famlias con problemas? ¿dónde iremos a pedir ayuda para rehabilitar nuestras viviendas? ¿Van a a aumentar el servicio de transporte público hasta las ciudades?

El problema de Madrid es que se viste en la boutique para venir al campo y se olvida de que en el campo hay pueblos y en los pueblos gente con problemas, necesidades y realidades bien distintas a las que se contemplan desde el Paseo de la Castellana.


El Secretario de Estado de Administraciones Públicas anuncia la supresión de las 1.432...