La legislación vigente sobre protección al consumidor, tanto el Real Decreto Legislativo1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, como la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los consumidores de Extremadura, determina que las asociaciones somos los únicos representantes legítimos de los consumidores, siendo, a criterio de nuestra norma autonómica, el “vehículo idóneo para la defensa y representación de los intereses” de los consumidores. 

A pesar de ello las asociaciones de consumidores seguimos siendo las  grandes  desconocidas por  parte de la sociedad. La teoría dice que:  “son entidades sin ánimo de lucro cuyos fines principales son la defensa, la información y protección de los consumidores extremeños, asumiendo su representación y defensa y todo ello  manteniendo la  independencia de cualquier otro interés, ya sea económico, comercial o político”. Pero si algo destaca los fundamentos de estas asociaciones es el artículo 51 de la Constitución Española, según el cual “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo establece que promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles”.

Esta defensa de los derechos de los consumidores y usuarios va dirigida a incrementar la calidad de vida de los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico y social, ejercitando el  derecho de representación, consulta y participación en el procedimiento de elaboración  de disposiciones de carácter general.  

Siendo la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios nuestro objetivo principal, no descuidamos sin embargo,  la protección y sostenibilidad medioambiental, desarrollo y comercio justo, entre otras materias. 

Hay que destacar igualmente que somos entidades sin ánimo de lucro,  lo que significa que no se pueden repartir los beneficios o excedentes económicos anuales entre los socios. Los posibles excedentes – si los hubiera, cosa que nunca ha sucedido en esta asociación -  deben reinvertirse en el cumplimiento de los fines de la entidad. 

No hay estamento que no se esté viendo salpicado por los casos de  corrupción.  El noticias  de Ausbanc  y Manos Limpias, que por lo que vamos sabiendo no están tan limpias, pone en entredicho los mismos cimientos de toda la sociedad. La falta de honestidad yética en el proceder de algunas personas causa un daño irreparable, erosionando la confianza del consumidor y usuario español, que cada día se despierta con una noticia que de alguna u  otra manera le afecta al bolsillo. 

En nuestra defensa,  tenemos  que decir que,  la inmensa mayoría de asociaciones de consumidores y usuarios cumplimos con todos y cada uno de los requisitos que nos impone la legislación. 

Es notorio que vivimos tiempos difíciles bajo todos los prismas. La  llamada a la responsabilidad y contención en el  gasto procede de todos los estamentos, regionales, nacionales e internacionales. La inmensa mayoría de las partidas presupuestarias sufren considerables recortes por supuesto, también las dedicadas a la protección al consumidor. A pesar de ello, seguimos trabajando, con más ahínco si cabe y de manera voluntaria y altruista. Por eso esperamos y deseamos,  que si los delitos de amenazas, extorsión, estafa, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal que se les achacan tanto a Manos Limpias como Ausbanc quedan demostrados, la Justicia haga su trabajo y ponga a cada uno en su lugar. Es cierto que lo de Aussbanc venía de atrás, falta de independencia declarada, publicidad etc… dejaron a las claras sus tácticas de trabajo.

 Aunque era conocido por todos que  no funcionaban como una asociación generalista, sino sectorial, dado que se dedicaba mayormente a los asuntos relacionados con las entidades financieras, llegó un momento en el que ni siquiera podríamos considerarla de consumidores  y usuarios. Así lo consideró el Instituto Nacional de Consumo que en 2005 la expulsó del Registro estatal de asociaciones de consumidores por realizar publicidad comercial y dictamen ratificado en 2010 por la Audiencia Nacional.

La normativa que nos afecta a las asociaciones prohíbe totalmente recibir dinero de empresas que comercializan productos o servicios a cambio de hacerles publicidad, precisamente para garantizar la independencia. 

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