"No sé si la ciudadanía notaría que se cancelasen esas obras. No tengo nada en contra de ellas, pero Portugal ya ha dicho que no hará el AVE hasta la frontera. Hay un ámbito de obras de infraestructura que se pueden aplazar sin afectar a la ciudadanía". Con estas palabras, el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña recomendaba al gobierno de España paralizar el AVE a Extremadura. Al momento, llegaba el rechazo a tal propuesta por parte de instituciones y partidos extremeños. Sin restar importancia a este concreto episodio, lo relevante es que es un síntoma del mal funcionamiento de algo más profundo: la estrategia territorial y la solidaridad regional.
Si la estrategia territorial se concreta en procurar un desarrollo equilibrado y sostenible, la cohesión económica y social y la armonización de los objetivos de crecimiento y conservación; si pretende la asignación eficiente y racional de los recursos disponibles, debemos preguntarnos qué alcance ha tenido en el ámbito estatal y autonómico. En el plano nacional, sirva de ejemplo la mera referencia a los casi 50 aeropuertos existentes, de los cuales menos de 10 son rentables. Pero si con esto no fuera suficiente, qué decir de la política de transporte ferroviario que en lugar de aplicar un plan a largo plazo de mejora de toda la red existente para alcanzar una velocidad general de 160 km/h y en muchos tramos los 200 km/h se pasó al “AVE para todos” que absorbe la mayoría de las inversiones públicas con el consiguiente deterioro y abandono del conjunto de la red. Y en estos momentos, se propone paralizar el AVE a Extremadura. Resulta de todo punto justo y equitativo la ejecución y terminación de las obras comprometidas. Esto no obsta, para manifestar que probablemente habría contribuido más al desarrollo regional y al bienestar de los extremeños que la “proyectada” macroinversión en la alta velocidad se hubiera dedicado a la construcción de nuevas autovías y a crear una red convencional de ferrocarriles que conectaran las principales ciudades y comarcas mejorando el transporte de pasajeros e impulsando el de mercancías.
Y respecto a la estrategia territorial extremeña lo más complaciente que se puede decir es que no ha existido. Basta con preguntarse si es racional, sostenible y eficiente tal cantidad de facultades universitarias, hospitales, palacios de congresos, polígonos industriales o pabellones deportivos. Si la ciudad o pueblo de “al lado” lo tienen, nosotros también, no vamos a ser menos. Curiosa política de campanario, de mimetismo. Cegados por los “presuntos” agravios comparativos, ningún político se cuestionó cuántos alumnos asistirían, qué médicos atenderían, cuántos eventos se celebrarían o qué empresas se instalarían. Y mucho menos, de donde iba a salir el dinero para mantenerlos. En consecuencia, y no solo debido a la actual escasez de recursos públicos, serán precisas políticas que faciliten respuestas del territorio frente a la naturaleza dinámica e impredecible de los cambios laborales, demográficos o tecnológicos y que no mantengan infraestructuras de manera artificial, sino que aseguren entornos favorables para el desarrollo empresarial, económico y social.
Como es sabido, uno de los fundamentos constitucionales de nuestro modelo autonómico es el principio de solidaridad que refleja el equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y la prohibición entre éstas de privilegios económicos o sociales. Empero, también corren malos tiempos para la solidaridad interterritorial. Recojamos, al menos, tres serios intentos de menoscabo del referido principio. En 2006, el nuevo “Estatut” de Cataluña crea la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales como órgano bilateral de relación entre el Estado y la Generalitat en el ámbito de la financiación autonómica. El Tribunal Constitucional desmontó por vía interpretativa esa pretensión de bilateralidad, concierto o pacto. En 2009, se aprueba el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas incrementando los porcentajes de cesión de tributos, regulando los fondos de nivelación y suficiencia con fines de solidaridad pero desvirtuados con la previsión de fondos de convergencia, competitividad y cooperación. Asimismo, la menguante recaudación, la coyuntura electoral concreta y el pago de peajes políticos distorsionan todavía más el sistema. Y, en 2011, a primeros de junio, acaba de constituirse en el “Parlament” de Cataluña la comisión del concierto económico (o del “pacto fiscal catalán”) que pretende un sistema similar al del País Vasco y Navarra. A todo ello, añaden no sin cierta ironía que será un concierto económico “solidario” con las comunidades menos favorecidas pero que ellos recaudarán la totalidad y decidirán la cuantía de ingresos que se reservarían.
Con estos antecedentes, la sugerencia catalana de paralizar el AVE extremeño no deja de ser una anécdota. No debemos engañarnos. El camino no tiene retorno. Más bien antes que después, lograrán su ansiado “pacto fiscal” evitando cualquier aportación a la solidaridad con el resto de comunidades. Al final, el discurso idealista de la identidad, lo plurinacional, la asimetría, los derechos históricos o los hechos diferenciales desemboca en algo meramente terrenal: el dinero. El secreto está en la pasta. Por ello, los poderes públicos deben afrontar este nuevo tiempo político y económico con un amplio abanico de reformas estructurales que contribuyan a la recuperación económica y modernización de Extremadura. Ganar esta batalla requerirá determinados esfuerzos. Pero ya sabemos quienes nos acompañaran en el camino.