El afán recaudador de las Administraciones Públicas no tiene fin y menos aún en este periodo de crisis; ya que en numerosos casos sobrepasa los límites de lo racional y de la coherencia; dos principios que deberían imperar en todo momento, pero sobre todo en épocas de incertidumbre y de carestía como la actual.
Mientras infinidad de familias están siendo víctimas de una crisis económica que es la consecuencia directa de unos años de pompa y boato que nos hicieron creer a todos que éramos los nuevos millonarios en un mundo globalizado que se ha dejado seducir por un consumismo capaz de vendernos las más diversas formas de pago aplazado, ventas a crédito y diferimientos de cobro; ciertas Administraciones Públicas mantienen e incrementan el tipo o la base impositiva de algunos impuestos: Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.), el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que afecta a los bienes inmobiliarios, Impuesto del Valor Añadido (I.V.A) en obra nueva y por último la Plusvalía de los bienes inmuebles transmitidos. Dichos Organismos recaudatorios se niegan a una actualización a la baja de las bases y tipos impositivos de algunos inmuebles, a diferencia de lo que hicieron en los años de la expansión de la burbuja inmobiliaria, periodo en el que no tuvieron reparo en incrementar abusivamente las bases y tipos impositivos de los objetos tributarios, adaptándolos a los valores reales que tenían aquellos bienes en el mercado inmobiliario.
Numerosos municipios de Sierra de Gata revisaron al alza, en los años de la locura inmobiliaria, la base imponible de los bienes inmuebles que se encontraban en sus términos municipales con el objetivo de recaudar más impuestos. Esta iniciativa se llevó a cabo con el visto bueno de la Diputación de Cáceres y de la Gerencia Territorial del Catastro de Cáceres.
Esa voracidad recaudadora produjo casos tan paradójicos como que a algunas viviendas de nueva construcción (obra nueva) finalizadas en el año 1999 a se les fijó un valor en sus bases imponibles del I.B.I. y al año siguiente se les incrementó dicho valor una 290%, algo totalmente inexplicable incluso para los Organismos Públicos que gestionan la recaudación de dicho impuesto. Pero lo más deleznable de todo este asunto es que cuando el contribuyente acude a la Gerencia Territorial del Catastro de Cáceres solicitando una revisión a la baja del valor de esos inmuebles, conforme a los valores actuales de mercado de los mismos, obtiene una negativa rotunda de ese Organismo sin una argumentación razonable más allá de su ánimo recaudador claramente abusivo y que tan sólo tiene por objeto mantener una política de derroche y despilfarro en la que han incurrido numerosos ayuntamientos serranos; siendo tratado el ciudadano, a su vez, más que como un contribuyente honrado, como un Homo Economicus según la ortodoxa definición de los críticos de Stuart Mill.
El sujeto tributario no puede entender cómo en épocas de bonanza y de expansión de la economía se procedió de manera inmediata a la actualización al alza de determinados impuestos en unas proporciones nunca vistas y cómo en épocas de recesión y de caídas de los valores de mercado de los inmuebles de entre un 50% y 60% en algunas zonas no se haya procedido con la misma rapidez a una revisión a la baja de dichas bases imponibles de los bienes que gravan dichos impuestos; los cuales se deberían haber reducido a la mitad como mínimo. Y sin embargo los Organismos recaudadores y aquellas Instituciones que se benefician de ellos se resisten a rebajarlos; manteniéndolos en los niveles en los que la burbuja inmobiliaria estaba en su cénit o comenzaba a inflarse.
Si a los trabajadores se les exigen ajustes a la baja en sus salarios, si las empresas se ven en la obligación de actualizar sus precios a la baja; los ciudadanos no entiende cómo las Administraciones mantienen bases imponibles, en determinados impuestos, totalmente desactualizadas que perjudican la liquidez de las capas sociales más desfavorecidas; como es el caso: de trabajadores en paro, pensionistas, madres solteras, divorciados y familias con personas dependientes a su cargo.
Pero mientras determinadas Instituciones Públicas se niegan a buscar nuevos sujetos tributarios, que son los actuales grandes propietarios de este País y que todos conocemos, trasladan en cambio esa carga fiscal a las clases medias y obreras provocando un agravio comparativo y fomentando una desigualdad y un desequilibrio en la redistribución de la riqueza que ahoga cada vez más al ciudadano de a pie y que en épocas de bonanza se dejó seducir por tener una casa en propiedad.
La voracidad desmedida de unas Instituciones Públicas, en muchos casos sobredimensionadas y en las que la incapacidad y el uso irracional de los recursos por parte de algunos de sus gestores y personas que las dirigen no hacen otra cosa que despilfarrar el dinero del contribuyente, no encuentran otra solución a su falta de liquidez que esquilmar los reducidos ingresos y capacidad de ahorro de un buen número de familias. Estos Organismos recaudatorios e Instituciones Públicas siguen a pie juntillas el principio fiscal del brillante Ministro de Hacienda y exprofesor de la Universidad C.E.U. San Pablo de Madrid, Dº Cristóbal Montoro, que para justificar la subida del I.V.A. dijo: Como los que lo tienen que pagar no lo pagan, se lo subimos a los pocos que lo pagan. Todo un Dogma de Fe y Principio Fiscal que va en línea con su nueva Amnistía Fiscal a determinados colectivos o con su visto bueno al índice tan elevado de economía sumergida que existe en este País, alrededor de un 23%.
En definitiva en el Estado Español siempre han pagado y pagarán los mismos, sea en el ámbito que sea y si no se implementarán, inventarán y crearán leyes para que así siga siendo.