Si algo caracteriza nuestro tiempo es que estamos asistiendo al cambio no solo más extenso, intenso y rápido producido a lo largo de la historia sino, y lo que es más importante, a un cambio que va a transformar el mundo tal y como lo conocemos. La globalización como proceso está generando una nueva estructura internacional marcada por el aumento de las interrelaciones sociales y económicas, la aparición de nuevas formas de vida, y, también, por una creciente competencia económica y espacial. El nuevo espacio global exige, ante todo, la capacidad y el deseo para adaptarse a un entorno cuyo cambio constante es su rasgo fundamental. Los territorios que sean capaces de incorporarse con éxito al marco global experimentarán una dinamización que será decisiva para su posicionamiento en el siglo XXI. Por el contrario, aquellos otros ámbitos que no evolucionen para adaptarse a la nueva situación, corren el riesgo de ocupar en ella una posición crecientemente periférica y marginal.
Como punto de partida no está de más reconocer que las principales decisiones que afectan a nuestro futuro se toman ya en el ámbito mundial. En este sentido, el Estado y las Regiones han perdido capacidad de dirección política de su economía condicionada por una globalización donde las nuevas potencias económicas están imponiendo un capitalismo competitivo. Así, resulta imprescindible asumir que los países emergentes crecen mucho más deprisa, que ya no exportan solo materias primas sino que son líderes en manufacturas y tecnologías de última generación y, si esto no fuera suficiente, con su ingente capacidad de ahorro están financiando nuestra inmensa deuda pública y privada.
Por ello, ha llegado la hora de asumir que vivimos en un mundo global que nos exige unas cuentas públicas saneadas, una nueva organización administrativa, un sistema financiero solvente, unas reformas estructurales que nos hagan competitivos y un entorno regulatorio que fomente la actividad empresarial. Y, también es el momento de denunciar la demagogia que criminaliza los mercados, llama especuladores a los inversores, fomenta el recelo hacia Europa y, lo que es más grave, deslegitima nuestra democracia y sus instituciones con cualquier iniciativa que produzca crispación ciudadana.
Mariano Rajoy ha recibido un mandato claro para emprender un ambicioso programa de reformas estructurales que derivan tanto de las exigencias de los mercados como de la imperiosa necesidad de cambiar nuestros anacrónicos e ineficientes modelos organizativos, regulatorios y productivos. Así, el cambio hacia un modelo más competitivo y eficiente que promueva el progreso de la economía y asegure a todos una digna calidad de vida ha comenzado con medidas como la reforma del mercado laboral y del sistema financiero, la estabilidad presupuestaria y el pago a proveedores de las Administraciones públicas. Después vendrán otras como la reforma del sector eléctrico, del mercado del suelo, de la burocracia administrativa. A todo ello hay que añadir junto a las políticas de austeridad presupuestaria las de estimulo de la demanda interna y de reactivación del crédito bancario a empresas y familias.
En cuanto a Extremadura, el futuro no pasa por competir con los espacios centrales y con las grandes áreas metropolitanas. La clave del éxito está en saber aprovechar eficazmente los rasgos que nos singularizan, aquellos que son específicos y que plantean opciones que no son posibles para las grandes aglomeraciones urbanas y los espacios densos. Nuestro territorio constituye nuestro principal elemento diferenciador, un capital fijo que no está sometido a las pautas de movilidad que impone la globalización y dotado de particularidades a partir de las cuales es posible definir una estrategia diferenciada, capaz de participar de forma viable en la organización global. El medio ambiente, el turismo, la calidad de los servicios urbanos y las posibilidades de conexión física y telemática son elementos emergentes de una nueva situación en la que la ciudad y el territorio deben satisfacer las necesidades de sus habitantes y de múltiples usuarios que residen en otros espacios. En este contexto cambiante adquiere plena relevancia el papel a desempeñar por el Gobierno de Extremadura como motor del sistema institucional y político autonómico centralizando las funciones de dirección, impulso y coordinación política. José Antonio Monago debe afrontar con firmeza, vigor y decisión una profunda reforma tanto de la Administración pública como del ordenamiento jurídico extremeño para lograr el crecimiento económico generando confianza en los ciudadanos y fomentando la actividad privada. Y que nadie se engañe, con un sistema plagado de cargas burocráticas y trámites inútiles nunca seremos competitivos en un mundo globalizado.