Según recientes informes la economía sumergida representa en el Estado Español la escalofriante cifra de un 23,3% de su Producto Interior Bruto; en el caso de Extremadura alcanza el 19,2% de su P.I.B.
Como ventajas principales de la economía sumergida cabe citar la reducción de los costes de producción, el abaratamiento de precios, la estabilidad demográfica y quizás el fundamental de todos ellos la paz social.
Sin embargo como grandes inconvenientes se encuentran: la disminución de la recaudación vía impuestos, tasas irreales de desempleo, caída de la recaudación de las cuotas sociales, dumping laboral, competencia desleal, uso y consumo de recursos y servicios a cuyo coste no se contribuye, cobro de prestaciones por desempleo y ayudas sociales que complementan las rentas obtenidas de la economía sumergida por las familias pero que provocan un endeudamiento excesivo del Estado.
En general la economía sumergida tiene más inconvenientes que ventajas y en el fondo lo que representa es el fracaso organizativo de una estructura económica poco ágil, demasiado burocratizada en la que se penaliza a determinados colectivos sociales y en la que predomina un substrato cultural, el español, que hace de la picaresca una seña de identidad y un elemento de orgullo patrio.
La economía sumergida es como la droga o como ciertos tipos de enfermedad, todo el mundo sabe que existen pero nadie quiere enfrentarse a ellas. Eso mismo es lo que hace la sociedad española en su conjunto y el Estado Español individualmente dotando, tanto unos como otros, de una alegalidad a una forma de organización económica que representa un agravio comparativo hacia todos aquellos que contribuyen con su esfuerzo diario a costear los servicios y los recursos que posteriormente usaremos todos. Pero además la economía sumergida es profundamente insolidaria y la justificación para la ausencia de su control y posterior penalización de la misma por parte del Estado representa el sometimiento del mismo a un chantaje económico que se ejerce desde determinados sectores productivos y sociales.
El mantenimiento de las actuales tasas de economía sumergida tanto en España como en Extremadura son incompatibles con la imagen de país modernos y occidental que se pretende dar de España en los ámbitos internacionales; ya que esas tasas de economía sumergida tan sólo se dan en países en vías de desarrollo y tercermundistas.
Por todo ello si este país quiere estar entre la élite económica internacional lo primero que deberá hacer es abandonar esos viejos hábitos heredados del Lazarillo de Tormes.