Cualquier consideración sobre nuestro futuro requiere, al menos, de una mínima referencia al pasado reciente. Los extremeños adquirimos nuestra identidad como pueblo con la recuperación de la democracia y, en concreto, con la constitución de la comunidad autónoma. Con la legitimidad democrática como fundamento de la autonomía se evita la habitual proclamación de las identidades históricas con visiones míticas del pasado, en cambio, apelando al futuro situamos al ciudadano en la base de la construcción política y organizativa de las instituciones. Podemos afirmar - tras más de un cuarto de siglo de autogobierno - que dicha experiencia con el esfuerzo de todos ha supuesto un tiempo de modernización y transformación de Extremadura.
Sin embargo, ahora vivimos una época con serias incertidumbres económicas, sociales y culturales. No está de más destacar que junto al turbulento contexto internacional y nacional el gobierno de Extremadura tendrá que enfrentarse a dificultades propias. Baste citar los más de 2.000 millones de euros de deuda pública y a proveedores que limitarán drásticamente todas las futuras políticas públicas. Por ello, se inicia un nuevo tiempo cuyo mayor reto será superar la crisis económica mediante el control del gasto público, la reforma administrativa y el fomento del espíritu empresarial.
El saneamiento de las cuentas públicas es un requisito imprescindible para asegurar la vuelta a un crecimiento económico que garantice unos ingresos públicos suficientes y una presión fiscal razonable, facilite la actividad empresarial y el empleo y evite hipotecar a las generaciones venideras. El despilfarro y la mala gestión han supuesto un ataque directo a la solidaridad actual y futura. Si nuestra necesidad de financiación no la ajustamos a lo que están dispuestos a proporcionar los mercados continuaremos con la actual situación de estrangulamiento del crédito con efectos perniciosos para las familias y las empresas. No obstante, es preciso un paso más, la reducción del gasto público debe acompañarse con beneficios fiscales y bajadas de las cotizaciones sociales. En caso contrario, la economía cae en un círculo vicioso: no hay crédito por falta de actividad, no hay actividad por falta de crédito, en ausencia de demanda, las empresas no crean empleo, los beneficios disminuyen, se desploma la recaudación tributaria, no hay inversión y aumenta la morosidad. Asistimos, pues, a una doble crisis. Por una lado, una gran “recesión” que afecta a la producción y al empleo, por otro, una gran “contracción” que incide en la deuda y crédito. Y, en estos momentos, a nadie se le escapa que la excesiva deuda pública y privada lleva al estancamiento económico. Todo ello obliga combinar políticas de austeridad presupuestaria, de estimulo de la demanda interna y de reactivación del crédito bancario a empresas y familias.
A esto habría que añadir una profunda reforma tanto de la administración pública como del ordenamiento jurídico extremeño para que el gobierno actúe como motor de crecimiento económico generando confianza en los ciudadanos y fomentando la actividad privada. Tal reforma exige no solo la simplificación de los procedimientos sino también un nuevo marco jurídico que impulse la reducción de los trámites para la implantación de nuevos negocios y empresas, la eliminación de cargas administrativas que no sean imprescindibles y la reafirmación de la apuesta por la administración electrónica. Supone, en consecuencia, un profundo cambio del modelo administrativo. Dejemos el siglo XIX para adentrarnos en el siglo XXI con nuevas normas muy pensadas, discutidas y elaboradas con sabia lentitud. Una acción política moderna y eficaz demanda pocas leyes pero claras y precisas, así como el abandono de la habitual tendencia a inundar la sociedad con una marea inabarcable de disposiciones y reglamentos.
El fomento del espíritu empresarial pasa no solo por el reconocimiento institucional y social del empresario como principal agente creador de riqueza y generador de empleo sino, y sobre todo, por un cambio del modelo productivo que convierta a Extremadura en una región competitiva mejorando el entorno económico en el que las empresas tomen sus decisiones con transparencia y flexibilidad mediante políticas activas que potencien la diversificación, productividad e internacionalización de todos los sectores y actividades.
Asimismo no debemos olvidar que aunque la superación de la crisis se convierta en el mayor desafío del ejecutivo extremeño al fijar entre sus objetivos el equilibrio presupuestario, el mantenimiento del gasto social y de la inversión productiva, el crecimiento económico y la creación de empleo también es inexcusable una reforma administrativa y económica que nos sitúe en el nuevo milenio. Y que nadie se engañe, con un sistema plagado de cargas burocráticas y trámites inútiles nunca seremos competitivos en un mundo globalizado. Lo que no hicimos en tiempo de bonanza toca hacerlo ahora con mucha más urgencia.