Ante la realidad institucional y económica de los 283 pequeños municipios extremeños con menos de 2000 habitantes no basta la tópica proclama de los pactos de medidas y reformas sino que es ineludible proponer cambios concretos, claros y ejecutables. El momento de las palabras vacías, de la retórica, de los lugares comunes y de la cosmética ha pasado. Si creemos en nuestra capacidad de autogobierno, si el pasado no nos obliga, ni le debemos pleitesía, transformemos nuestra organización territorial decimonónica, ineficiente y deficitaria en una moderna, sostenible y de calidad. Seamos valientes para acometer las reformas necesarias.
Aunque la modernización de los pequeños municipios exigiría tratar innumerables aspectos, vamos a limitarnos a determinar qué entidad local debería prestar los servicios a los ciudadanos. Para ello, el presupuesto básico del que partir es la sostenibilidad, la eficacia y la austeridad. En este sentido, la entidad prestadora debe contar con la población necesaria para lograr una adecuada prestación de servicios y una planificación de equipamientos e infraestructuras con criterios de racionalidad territorial. Consecuentemente, no podemos mantener tal cantidad de entidades (diputaciones, mancomunidades, municipios, entidades menores) con sus respectivas prolongaciones (consorcios, patronatos, gerencias, empresas públicas, etc.) concurriendo sobre el mismo territorio y población. Así, nos enfrentamos a la disyuntiva, bien de la supresión de diputaciones, mancomunidades o municipios, bien de la especialización competencial y funcional de cada entidad en aquello que sepa hacer mejor actuando de forma coordinada evitando ineficiencias y duplicidades. A mi juicio, esta segunda alternativa se impone no solo por realismo y prudencia política sino también por imperativo constitucional.
Los municipios tienen su propia esfera de actuación expresiva de una política global para su territorio encomendada a sus representantes por los vecinos. De este modo se conjugan las exigencias de descentralización, autonomía para la gestión de los respectivos intereses y pluralismo político. En definitiva, los municipios constituyen el primer nivel de organización política siendo cauce esencial para la participación y representación democrática. No en vano ostentan una posición institucional clave como escuelas de convivencia y de ciudadanía.
También las mancomunidades de municipios contribuyen a la prestación de servicios. A estos efectos se precisa una nueva normativa, más moderna y de más calidad técnica, que promueva la implantación principal de las mancomunidades contemplando la posibilidad de asumir la “totalidad” de competencias de los municipios y de gestionar tanto los intereses “supramunicipales” como los “municipales”. Ni que decir tiene que para que cuenten con la plena confianza de los ciudadanos y de los municipios deberían dotarse de suficiencia financiera, de una organización plenamente democrática y de una función pública seleccionada conforme a criterios de mérito y capacidad, con estabilidad en el empleo e independencia en el desarrollo de sus funciones.
A todo ello hay que añadir una referencia al papel de las diputaciones. No me sorprende la urgencia que se ha apoderado de algunos por enterrar las diputaciones como pretendida solución a todos los problemas locales. Nada más lejos de la realidad. Sin perjuicio de la conveniencia de la racionalización de estas instituciones con innovaciones como la elección directa de los miembros del gobierno provincial, la adecuada delimitación de sus competencias y un nuevo régimen de organización y funcionamiento, es de justicia reconocer no solo su contribución al desarrollo territorial y su servicio a los municipios sino también su utilidad futura.
Ahora bien, para garantizar la unidad y sostenibilidad de nuestro sistema de organización territorial la administración autonómica debería ejercitar de manera efectiva su función coordinadora mediante rigurosos controles presupuestarios, contables y jurídicos respecto al resto de entidades. Con dicha coordinación se conseguiría la necesaria rapidez y eficacia de la actuación administrativa mediante la coherencia, estructura adecuada y actuación sincronizada o jerarquizada de los fines y medios, así como la más posible economicidad en la gestión administrativa. El interés regional demanda la actuación conjunta y coordinada de todas las entidades públicas.
Como reflexión final sirva afirmar que en nuestras manos está dejar una Extremadura mejor que la que encontramos. Y, todo ello, pasa por una reforma estructural y eficiente de la Administración Local en defensa de los intereses generales y del futuro del medio rural. O lo hacemos nosotros o nos obligaran a ello. No olvidemos las reformas locales tendentes a reducir el “minifundismo municipal” aprobadas en la mayoría de los países europeos (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña o Suecia). Incluso los países mediterráneos (actualmente, “periféricos”; anteriormente, “PIGS”) muy reacios a estos cambios se han incorporado a ellos a lo largo de 2011. Grecia suprime todos los municipios de menos de 10.000 habitantes. En Portugal, forma parte de las medidas del nuevo gobierno luso impuestas por el plan de rescate comunitario. Y, en Italia, acaba de anunciarse la supresión de 36 provincias y de 1970 ayuntamientos de menos de 1000 habitantes.