Así ha calificado el Presidente del Gobierno su gestión al frente del Gobierno de España, añadiendo que los españoles no le eligieron para no hacer nada y que él prefiere eliminar los problemas antes que ocultarlos
Se olvida el Presidente que también existen gestiones sin dolor y sin sufrimiento que implican, es cierto, dinámicas más complicadas que tienden a la misma solución de idénticos problemas.
Para eso están los gobernantes, mucho más cuando son electos, y sus equipos de especialistas, para solucionar los problemas de la gente sin causar dolor ni sufrimiento, porque el objeto del Gobierno de España debe ser la felicidad de la Nación, ya que el fin de toda sociedad política no debe ser otro que el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que la componen.
Las soluciones a los diferentes problemas, los haya creado quien los haya creado, no pueden ser traumáticas al estilo que marca el refranero castellano: “muerto el perro se acabó la rabia”. No lo quisieron así los especialistas médicos cuando se pusieron denodadamente a investigar una vacuna que eliminara esta enfermedad, y la encontraron, cuando lo fácil hubiese sido seguir matando a los animales.
El Presidente no puede continuar por un camino de permanente castigo a una parte importante de sus votantes, en beneficio de una minoría adinerada que no pretende más que el reparto interesado de servicios esenciales y sensibles a la población para un mayor control social y económico.
El Presidente no puede, en definitiva, seguir tomando medidas distintas y contrarias a las que presentó en su programa electoral, porque fue elegido como tal para impulsar el profundo cambio a que llevaban esas medidas ofertadas y no otro emanado a posteriori en despachos extranjeros o en fundaciones afines. “Para ese viaje no hacían falta estas alforjas”, remataría el mencionado anteriormente refranero de Castilla.
No consiste la política en una carrera para ver quien hace más reformas en menos tiempo, sino en ver quién hace las reformas más necesarias y más efectivas, para el objetivo que se pretende, en un tiempo razonable, porque si de lo primero se trata estamos dando pie a que, a cada cambio de color político, nuevas leyes y decretos acaben con los anteriores sin miramientos de la bondad o maldad de aquellas disposiciones.
Ahora que estamos celebrando el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, es un buen momento para recordar como al Rey Fernando VII, una vez liberado en la Bahía en 1823, en pleno cerco de los Cien Mil Hijos de San Luis, le costó un solo decreto para abolir la citada Constitución y todas las leyes y demás disposiciones emanadas de ella durante el Trienio Liberal (1820-18239. En un instante acabó con toda la legislación de tres años, sin importarle si esta podía tener interés nacional y ciudadano.
La premisa de que todo gobernante, elegido democráticamente, tiende a hacerlo lo mejor que sabe o que ninguno de ellos, sea en la administración local, autonómica o nacional, ocupa el puesto con la intención de gestionarlo mal, puede caer en saco roto no tanto porque las políticas anunciadas en un programa electoral no estén dando los frutos apetecidos, sino porque medidas improvisadas, ajenas a la voluntad popular, estén generando un abrumador paro, una mayor recesión, un ataque a los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas y provocando un creciente descontento social, entre propios y extraños, en respuesta a lo que se traduce mayoritariamente como engaño electoral.
La austeridad en el gasto público, como modelo económico, no consigue frenar una creciente deuda, que se ha multiplicado en el último año, generada por la especulación y los altos intereses. Esta sobriedad obliga al despido de trabajadores de las administraciones públicas, al recorte salarial, evita nuevas contrataciones, retrae las subvenciones y detiene la necesaria inversión en infraestructuras desde lo público con lo que se frena el consumo, imprescindible para que el gasto haga girar la noria de una economía saludable y beneficie la actividad privada, dada esta en un país de servicios donde lo conveniente es incentivar el consumo.
A esta contención del gasto público se añade la subida de impuestos que es siempre desaconsejable, en tiempos de crisis, porque afecta principalmente a las clases menos favorecidas que emplean todos sus ingresos al consumo. No es momento de recordar quien dijo: “Subir los impuestos en tiempos de crisis es de mal gobernante, es un disparate”. El Gobierno de España ha subido el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto del Valor Añadido.
Otro de los factores que convierten la salida de la crisis en un hecho menos doloroso y de menor sufrimiento es evitar los recortes en los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas.
Cualquier trabajador y trabajadora de España da por bueno, o menos malo, su sueldo si tiene aseguradas la educación, la sanidad y el poder adquisitivo de las pensiones y, emplea el dinero ganado, de toda una vida, en conseguir una primera vivienda en el lugar en el que vive habitualmente, y una segunda, si es posible, en el sitio de veraneo. Estas últimas propiedades constituyen la herencia que dejarán a sus hijos, junto a unos pocos €uros. Dejará, también, unos derechos, conseguidos históricamente por la lucha obrera y las políticas socioculturales, que permitirán, que sus hijos y a los hijos de estos, tengan unos estudios acordes a su capacidad y una salud historiada, independientemente de su poder adquisitivo.
El compromiso, para que esto no sea ni doloso ni sufrido, es preservar el derecho a la sanidad, la educación, las pensiones y la vivienda digna de cualquier ciudadano o ciudadana del Reino de España y esto sólo se puede conseguir por vía Constitucional, blindando el acuerdo como derecho fundamental por un 90% de los votos, de manera que nadie pueda recortar estos derechos, ni gobiernos autonómicos ni nacionales, ni permitir que sean la disculpa para privatizarlos al capricho de una crisis económica.
La población más débil la constituyen, sin lugar a dudas nuestros mayores y personas dependientes. Cuando se les ataca a ellos duele más que nunca el grito de “¡arriba las manos, esto es un atraco!”, por eso tenemos que blindarlas, asegurar su poder adquisitivo y garantizar los servicios de asistencia social y sanitaria, tanto en su domicilio como en residencias.
Para ello hay también que asegurarles la vivienda, no sea que la pierdan por un mal aval. Somos conscientes de que se tenían que haber derogado o modificado las leyes hipotecarias en vigor y aprobado nuevas legislaciones actualizadas a los tiempos que corren. Entendemos las voces que dicen que no se vio necesario porque el problema de los desahucios no dio la cara. Pero permítanme que sintamos estupor cuando, siendo un problema emergente, no se hayan tomado las medidas oportunas y radicales para evitar este dolor y sufrimiento innecesarios en familias que confiaron en un sistema bancario y económico que les conminó a endeudarse hasta las cejas y en una política constitucional que decía protegerles.
Todavía confiamos en que el Tribunal Constitucional y las leyes europeas determinen la barbaridad e ilegalidad de la mayoría de las decisiones tomadas sobre la base de las cláusulas abusivas, pero nos tememos que ciudadanos y ciudadanas, por la lejanía de los tribunales o por los costes de los procesos, empobrecidos por sus verdugos no tengan posibilidades de llegar al final.
Porque también el derecho a un juicio justo se ha encarecido, alejando del ciudadano medio aquella frase pomposa que decía: “Todos somos iguales ante la Ley” y el paisano, más listo que el hambre, contestaba: “Unos más que otros”. Ya la defensa, con un abogado especialista en el tema a litigar, tiene un coste excesivo, pues a eso hay que añadirle nuevas tasas a las ya existentes, y con eso se sufre y duele.
Los trabajadores y trabajadoras, que aún quedan, están desorientados por la dura reforma laboral y la posibilidad de perder el empleo y esta incertidumbre también genera dolor y sufrimiento en las familias, sobre todo si se complementa con la dificultad para encontrar un nuevo empleo, la baja indemnización por despido y la menor prestación económica por desempleo.
¿Cómo pueden los ciudadanos y ciudadanas de este Reino no sufrir ni sentir dolor ante los suicidios por desahucios mientras se perdona a los defraudadores fiscales?
Se encarecieron los medicamentos y se aprobó un copago para los traslados en ambulancia no urgentes, sillas de ruedas y muletas y pago para inmigrantes, se aumentó el ratio de alumnos por aula, se disminuyó el número de profesores, se piensa en privatizar hospitales, ambulatorios, centros de salud, despedir médicos, personal sanitarios y personal de las administraciones, se extendió el cobro de las tasas judiciales a todos los ciudadanos, se frenó la entrada de nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia y a los que hay no se les paga, se congelaron las ayudas al alquiler para jóvenes y las subvenciones, ….
Todos los parámetros económicos y sociales están peor que hace una año, pero se perdonó a los defraudadores fiscales y no se abordó la redacción y aprobación de una Ley Hipotecaria que frenara los desahucios y tanto dolor y sufrimiento.
Un año que ha sido para muchos de dolor y sufrimiento y para unos pocos de alegría y satisfacción. Porque se ha cargado todo el peso de la salida de la crisis sobre la espalda de los trabajadores y de las clases medias, dejando indemnes a las clases adineradas y a las grandes empresas y fortunas, a las que no se ha gravado con impuestos.
Impuestos como son el impuesto de Sucesiones para las rentas más altas. Impuesto sobre las grandes fortunas. Subida del tramo del IRPF para los grandes sueldos. La reforma del impuesto de Patrimonio y de las Transmisiones Patrimoniales. Impuesto para las grandes superficies comerciales. Establecimiento de gravámenes sobre depósitos bancarios. Impuesto sobre la emisión de gases contaminantes. Impuesto sobre los pisos vacíos…..
Posiblemente esta recaudación supere el ahorro que se pretende, de doscientos millones de €uros, al privatizar la sanidad pública, haciendo esta innecesaria. Porque una monarquía constitucional que se precie debe basarse en el principio de solidaridad, donde el que mas tiene favorece al que carece de posibilidades y medios.
Se pensó en cobrar un peaje por el uso de la red de carreteras pero se desechó por perjudicar al temido transporte, causante de la caída del presidente constitucional Salvador Allende en el Chile de septiembre de 1973.
El Presidente sabe que sus votantes también sufren y se duelen por estas medidas y la mala situación económica, pero está atrapado entre la crisis nacional y la exigencia de sus socios europeos, sobre todo de la dirigente germana Ángela Merkel de la que no se ha podido zafar, que se le cuela hasta en los Consejos de Ministros para marcar las líneas rojas de la política española, amenazando que no se deben traspasar para no perder el posible rescate que un día se quiere y otro no, que un día se ofrece y otro se niega.
Aunque sólo sea porque “en pasajes privilegiados de los Evangelios, los pobres, los marginados y oprimidos constituyen el núcleo de la predilección divina, porque Dios lo ha querido así (Lucas 2,8-12; 4,18-21; 7,18-23). El Padre no quiere que sus hijos sufran innecesariamente por el hambre, por falta de techo, por la opresión y dominio de los poderosos, por la ansiedad de no tener trabajo y no poder encontrarlo, por encontrarse en una sociedad donde son ignorados, porque no son nadie; en una palabra, Dios quiere que todos sus hijos disfruten de esos derechos humanos, inherentes a su condición de hijos, que causan alegría y felicidad. Esos derechos son constantemente conculcados por los ricos y poderosos de este mundo”, nos recuerda el Doctor en Teología Carlos Escudero Freire.
Tanto dolor y sufrimiento para contentar a la canciller alemana Ángela Merkel, que no a Europa, y seguir las directrices de un Banco Central Europeo que ha mandado una carta al Presidente, como hoja de ruta,. Un Banco incapaz de ayudar en la salida de la crisis, con una negativa permanente a comprar deuda a bajo interés, dando alas a la especulación, y unas economías nacionales que están sufriendo y haciendo sufrir a la ciudadanía europea lo indecible, basada Europa en el error de tender la mano a los mercados en lugar de hacerlo a los pueblos.