Hablar de desahucios siempre es hablar de tragedias personales y familiares, de esperanzas rotas y de un futuro incierto. En Extremadura, el número de lanzamientos estimados en el periodo 2008-2012 es de 2.293.
Las fuerzas siguen vivas y el descontento social es cada vez más patente en las calles. Miles de personas se manifestaban el pasado 18 de abril en Plasencia, Mérida, Badajoz y Almendralejo convocados por los Campamentos Dignidad reclamando la Renta Básica por los iguales, la creación de 25.000 puestos de trabajo públicos y la paralización de todos los desahucios.
Precisamente en el tema de los desahucios hemos vivido estas últimas semanas una vez más el descaro de nuestros políticos del Gobierno Central, quienes han aprovechado la tramitación parlamentaria de la ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social para desvirtuar las propuestas de esta iniciativa ciudadana avalada con más de un millón y medio de firmas, para burlar nuevamente la voluntad del pueblo.
Con su Proyecto de Ley, el PP sigue condenando y sacrificando de por vida a miles de familias que, además de quedarse sin vivienda, estarán obligados a seguir pagando una hipoteca de un inmueble que ya no es suyo. La Unión Europea ya le ha dicho a nuestro Gobierno que la Ley española de desahucios es ilegal, en cuanto a que vulnera de forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y concretamente el derecho a la defensa.
De esta forma, todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deberían ser paralizados de oficio y de forma inmediata. La realidad es que ésto no está sucediendo. Sí es cierto que gracias a esta Sentencia Europea los jueces de nuestro país tienen más herramientas para declarar el procedimiento de desahucio ilegal, puesto que les permite, en base a principios establecidos en la Directiva 93/13/CEE de 5 de Abril de 1993, la declaración de cláusulas abusivas y la ausencia de buena fe en los contratos hipotecarios.
Pero esta retahíla de normas, directivas europeas, juicios, recursos, sentencias etc. resulta para muchos de nosotros una maraña legal de difícil comprensión. Por eso es tan necesaria la unión entre todos los afectados (a través de las plataformas STOP DESAHUCIOS o a través de los distintos Campamentos Dignidad establecidos en la Región.
Muchas personas son de la opinión de que esta situación se ha devengado por el exceso de ambición de los ciudadanos, que siendo trabajadores o pequeños empresarios quisieron vivir por encima de sus posibilidades. Pero ahí también nos han tendido una trampa: los Estados nos han creado una necesidad (de vivienda en propiedad en este caso) transformada en derecho pero a qué precio: el de inflar el precio de un suelo hasta el infinito, dejando a su libre albedrío la regulación de su compra-venta y edificación, con el afán de enriquecer tanto al propio Estado como a todas aquellas empresas que se han ido formando y enriqueciendo (ellos si, por encima de sus posibilidades y con una falta de ética asombrosa). Muchas de esas empresas participadas por políticos, familiares y nuevos empresarios sin demasiados conocimientos en gestión empresarial, etc. Por su parte, la Administración en lugar de velar por los derechos de los ciudadanos, ha amparado estas actuaciones legalmente, excusándose con la creación de unos puestos de trabajo que con el tiempo hemos descubierto que no se trataba más que de una falsa creación de empleo temporal y de baja calidad.
En conclusión, podemos hacer de jueces de aquellos que en su día compraron una vivienda más grande de la que realmente pudieran necesitar, o más cara, pero no olvidemos nunca que la responsabilidad última es de los gobernantes, que mediante la elaboración de políticas de deducciones fiscales, subvenciones a la compra, desprotección del alquiler y un largo etcétera, han ido guiando nuestros pasos hacia donde ellos han querido, generando así una burbuja de la que ahora parece somos los ciudadanos de a pie los únicos responsables.
