Un día, Ángel tiene que resolver un trámite de urbanismo. Su pueblo es demasiado pequeño para tener una oficina de urbanismo propia, como ocurre con TODOS los pueblos de Sierra de Gata, y se dirige a a mancomunidad para realizarlo. Ángel ha tenido suerte, según los planes del gobierno, esa oficina pronto desaparecerá y esos trámites habrá que desplazarse a la diputación para resolverlos. Por supuesto, no habrá un transporte público, una mancomunidad puede presionar para conseguirlo, pero un montón de pueblos aislados... es fácil imaginar que la diputación los ignorará.
He oído muchos comentarios alegrándose de la desaparición de las mancomunidades. Comentarios que hablaban de corrupción, nepotismo y politiqueo. Seguro que es verdad que en muchos casos, pero quienes hacen estos comentarios deberían reflexionar sobre el hecho de que no eso lo que va a cambiar. Lo que va a cambiar es que los servicios para los ayuntamientos van a pasar a la diputación, una de las instituciones más corruptas, más opacas y menos democráticas de este país. No se alegren, la corrupción, el nepotismo y el politiqueo no se van a acabar. Si quisieran acabar con ello, no tendrían por qué acabar con las mancomunidades, todo lo contrario, bastaría con articular media docena de medidas para favorecer la transparencia, y el control y la participación ciudadanos para acabar con las malas prácticas. Las mancomunidades son lo suficientemente pequeñas como para que los ciudadanos puedan vigilar su funcionamiento, las diputaciones no. Si se suprimen las mancomunidades, decisiones muy importantes para nuestra vida diaria se van a tomar muy lejos, y las van a tomar personas extrañas que no conocen la realidad socieconómica de las comarcas.
Se trata de una de las decisiones más graves de las que se han anunciado últimamente y afecta de manera directa a la propia supervivencia del medio rural. No es una decisión de “ahorro” y de “eficiencia” ni una forma de suprimir 1500 cargos políticos (ya encontrarán la manera de reubicarlos en las diputaciones), como nos dicen, es una decisión que nos convierte a los ciudadanos del campo en ciudadanos de segunda. No podemos aceptar este recorte de servicios, porque nos estamos jugando la existencia de nuestro modo de vida.
