La Consejería de Educación y Cultura, "ante la reiterada y machacona denuncia del Grupo Socialista", ha asegurado que la reestructuración que se viene produciendo en los Centros de Profesores y Recursos (CPR) de Extremadura, y que motivó el nombramiento de 36 asesores y directores el curso pasado, se llevó y se está llevando a cabo cumpliendo escrupulosamente la legislación vigente.
En este sentido, ha defendido la legalidad del procedimiento según lo establecido en el Decreto 69/2007, por el que se regula el sistema de formación permanente del profesorado en Extremadura, que indica que “las plazas de directores/as y asesores/as de Formación Permanente de los Centros de Profesores y de Recursos serán provistas en régimen de comisión de servicios de carácter anual”.
Asimismo, ha señalado que una vez que el actual equipo de gobierno asumió la responsabilidad en materia educativa, se realizó un análisis completo y pormenorizado de los perfiles de los asesores y del rendimiento de los 18 CPR de la región, detectándose numerosas duplicidades y una importante infrautilización de recursos, lo que hacía necesario una profunda reestructuración cuya finalidad no era sino la optimización de la Red de Formación del Profesorado.
La primera convocatoria de plazas de asesores que realizó el anterior equipo de gobierno no se realizó hasta 2004, es decir, cuatro años después de la transferencia de competencias. Desde entonces se convocaron concursos de plazas anualmente que convocaban un número de plazas escaso, cuya provisión en ocasiones quedaba desierta y era cubierta posteriormente sin convocatoria previa. Todas y cada una de las asignaciones de plazas producidas, lo fueron en régimen de comisión de servicio de carácter anual, lo que en términos legales supondría, según el criterio argumentado ahora por el grupo socialista, que finalizado dicho plazo se debería haber revocado dicha comisión, sin embargo, al amparo de la legalidad vigente, estas comisiones eran renovadas año tras año de manera discrecional.
Fruto del análisis realizado por el actual equipo de la Consejería de Educación y Cultura, se produjo una reducción del 10 por ciento de la plantilla de asesores que, curiosamente, ha supuesto un incremento del 2 por ciento del número de actividades desarrolladas en estos centros durante el curso 2011-2012, lo que refleja un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, y lo acertado de la renovación de plantilla practicada.
Análisis de la situación
La Consejería de Educación y Cultura también ha expuesto algunas situaciones que resultan llamativas. En este sentido, ha destacado el hecho de que la provincia de Badajoz, que cuenta con el 59,15 por ciento de los centros y el 62,09 por ciento de los docentes, solo contaba con el 49,40 por ciento de las plazas de asesores del total de la red de formación, evidencia de la mala asignación de los recursos existentes.
Por otro lado, ha señalado que en algunos centros trabajaban hasta tres asesores de una materia o docentes que asesoraban sobre inglés, cuando su especialidad era matemáticas.
La Consejería de Educación y Cultura admite que existe un procedimiento judicial abierto, contra el acto de no renovación de estas comisiones de servicio. Dicho procedimiento fue presentado a instancias de uno solo de los asesores a los que no les fue renovada la comisión de servicios para el curso 2011-2012.
Por todo ello, la Consejería de Educación y Cultura, en el ejercicio de su responsabilidad como Administración Educativa se reafirma en la legalidad de las decisiones tomadas en tanto no se dictamine judicialmente lo contrario.
