En concreto, ha detallado que la financiación procedente de la Iniciativa de Empleo Joven que ha puesto en marcha la Unión Europea está “en torno a los 32 millones de euros”, a los que hay que sumar “una cantidad similar” del Fondo Social Europeo y la cofinanciación correspondiente a la Comunidad, de modo que “podríamos llegar a un montante de unos 100 millones de euros para la implementación del Sistema”.
En declaraciones a los periodistas con motivo de su asistencia al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE en representación de las comunidades autónomas, Cristina Teniente ha asegurado que Extremadura ha sido una región “pionera” en la puesta en marcha de un ensayo del Sistema de Garantía Juvenil y ha destacado que en el año transcurrido se están consiguiendo datos positivos de empleo joven. “Tanto en datos de paro registrado como en datos EPA, en el interanual se ha producido una reducción significativa en el desempleo juvenil”, ha apuntado.
No obstante, ha añadido, que queda “mucho trabajo por hacer, porque estamos en unas cifras que son inasumibles y es lo que ha llevado tanto al Estado como a la Unión Europea a tomar medidas y a concentrar los recursos, los esfuerzos y las decisiones en uno de los grandes problemas que tiene Europa, que es el desempleo juvenil”. A su juicio, “con sistemas como los que se van a poner en marcha en los próximos años, concentrando además recursos en los primeros años de implantación, se van a conseguir sin duda, con el esfuerzo de los estados miembros y de las regiones, resultados muy positivos para nuestros jóvenes”.
Participación Social
La vicepresidenta ha aprovechado que la garantía juvenil es uno de los temas abordados en el orden del día del Consejo para entregar al Gobierno y a los representantes de la Comisión Europea un documento que recoge “el proceso que se ha seguido para la participación del conjunto de la sociedad en el diseño del sistema”.
Cristina Teniente también ha resaltado que otra de las cuestiones tratadas en la reunión ha sido la coordinación de los servicios públicos de empleo de la UE. Aunque finalmente será de adscripción voluntaria, no obligatoria, se trata de una propuesta que “permitirá que las buenas prácticas en materia laboral, en materia de empleo, puedan ser llevadas de unos estados a otros” y que será “muy importante también para la implantación de los sistemas de garantía juvenil”.
